En Perú, comunidades de los Andes y la Amazonía se han unido para defender la salud de las familias y personas afectadas por la contaminación de metales tóxicos. Para lograrlo, han conformado la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, iniciativa que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Mujeres indígenas, rurales y urbanas son particularmente afectadas en esta lucha diaria y ahora están decididas a ponerle fin a la contaminación de sus cuerpos, tierras y ríos. Exigen a las autoridades estatales determinar responsabilidades y brindar soluciones inmediatas.

Después de la primavera árabe y de una persistente crisis de derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, la juventud de la región está impaciente por desempeñar un papel protagonista en la creación del cambio. Al mismo tiempo, le cuesta acceder a las herramientas necesarias para transformar la sociedad y tiene vedado el camino de aprendizaje por quienes ejercen el poder. En Oriente Medio y el Norte de África, defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a importantes amenazas para su seguridad en su lucha por defender los derechos humanos. Dependiendo del país, simplemente asistir a un curso o taller sobre derechos humanos puede dar lugar a la expulsión, la prohibición de viajar o incluso la cárcel. La realidad del camino hacia el cambio varía radicalmente de un país a otro, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos viven en situación de peligro, en la que a menudo influyen el conflicto y la represión. Teniendo esto presente, el equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional decidió elaborar un plan sobre cómo apoyar a estos agentes de cambio. Mazen Jaber, coordinador regional para Oriente Medio y Norte de África, afirma que estaban “buscando la manera de ayudar a amplificar las voces de una generación que pide un cambio y desarrollar su capacidad para movilizarse localmente”. Con esta meta, el equipo fundó la Academia de los Derechos Humanos de Amnistía, una plataforma online para poner la formación y educación en derechos humanos al alcance de personas de todo el mundo de manera gratuita. Cualquier persona, sin que importara su ubicación, educación o clase social, ya podía acceder a estos conocimientos y formarse. De este modo, los/as activistas en riesgo de sufrir represión y hasta sanciones por participar en talleres podían hacerlo tranquilamente desde sus teléfonos u ordenadores. Para englobar la diversidad de situaciones que afrontan los/as activistas en la región de Oriente Medio y Norte de África, Jaber y su equipo elaboraron un plan basado en tres elementos clave: aprendizaje online independiente y al ritmo que se desee, formación avanzada sobre cómo documentar violaciones de derechos humanos y herramientas online e iniciativas cara a cara para facilitar y promover el activismo juvenil.

Las mujeres defensoras de derechos humanos en Perú están expuestas a diferentes peligros que colocan en riesgo sus vidas. Si bien el Estado no cuenta con un registro oficial de ataques o incidentes en su contra, son cada vez más evidentes y preocupantes los patrones de violencia y el ambiente hostil que enfrentan al defender los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, los derechos LGTBI, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Hoy se conmemora el primer aniversario de la detención de varias destacadas defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí, después de un año vergonzoso para los derechos humanos en el reino, en el que se ha atacado a activistas, periodistas, personalidades académicas y escritores y escritoras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En el último año, los y las activistas saudíes, incluidas varias defensoras de los derechos humanos, han sufrido el terrible suplicio de la detención arbitraria, sin poder ver a sus seres queridos o hablar con ellos durante largos meses, y sin acceso a asistencia letrada. Las mujeres activistas también describieron con detalle ante el tribunal la tortura, los malos tratos y los abusos sexuales sufridos, y muchas de ellas se enfrentan ahora a una pena de prisión por ejercer su libertad de expresión y por su activismo pacífico. “Hoy se conmemora un año de la vergüenza para Arabia Saudí. Hace un año, las autoridades empezaron a encerrar a algunas de las activistas más valientes del país, en lugar de celebrar codo con codo la adopción de medidas que deberían haber servido para promover los derechos de las mujeres en Arabia Saudí”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio. “Luego procedieron a detener a quienes seguían atreviéndose a defender a estas mujeres, promover los derechos de las mujeres en el país, o incluso cuestionar de cualquier modo las políticas de las autoridades.” Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, destacadas activistas saudíes de los derechos de las mujeres, fueron detenidas el 15 de mayo de 2018, y desde marzo de 2019 están siendo juzgadas por su trabajo de derechos humanos.

Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos.

De China a Siria y de Kenia a Egipto, niñas y mujeres están alzando su voz y arriesgando sus vidas para defender aquello en lo que creen. Estas mujeres —activistas, abogadas, hermanas y estudiantes— han puesto sus vidas en riesgo, han luchado por seres queridos perdidos y han apoyado a personas a las que no conocen. Éste es su momento. Conoce a estas motivadoras mujeres que defienden los derechos humanos en todo el mundo.  

Aunque las políticas de la administración Trump han presentado un reto sobrecogedor durante el último año, también hemos presenciado el aumento de un movimiento de personas de todo el país y de todo el mundo ferozmente decididas a defender los derechos humanos.     

“Aunque resulta alentador que se hayan retirado finalmente los cargos contra tres valientes defensores de los derechos humanos, el hecho es que nunca debieron ser acusados, para empezar. Pornpen Khongkachonkiet, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina no hicieron nada más que defender pacíficamente los derechos de otras personas, y resulta indignante pensar que podrían haberse enfrentado a penas de prisión simplemente por sacar a la luz las torturas cometidas por el ejército.”

No es coincidencia que cuando aumentan en un país las violaciones de derechos humanos lo hagan también los ataques contra quienes los defienden. Tampoco es conciencia que, en los momentos de gran represión, la labor de los activistas de los derechos humanos resulte más esencial que nunca: más esencial y más peligrosa.

El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.  Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora. “Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”  Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.  El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información Complementaria A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

En una conferencia de prensa celebrada en París, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se ha dirigido a los políticos que, como Donald Trump, Rodrigo Duterte y Victor Orban, mantienen una “agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”, y ha manifestado que nunca ha sido tan evidente como ahora la necesidad de defender los derechos humanos en todas partes.

Informe de Amnistía Internacional denuncia los abusos que sufren los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

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