Sí. Porque transforma la indignación en acción. Porque suma fuerza a un movimiento global por los derechos humanos. Porque es una forma de alzar tu voz o hacerte escuchar.  Y porque muchas veces, una firma es el primer paso para que algo empiece a cambiar. 

Las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza para responder a las manifestaciones que se extienden en el país, así como garantizar los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión, dijo Amnistía Internacional hoy, tras confirmar al menos dos muertes y decenas de personas lesionadas el día de ayer.

El Presidente Martín Vizcarra acaba de anunciar no solo un repunte en los casos registrados de Covid-19 sino la prolongación de la cuarentena general obligatoria. Asimismo, continuarán las limitaciones actuales al libre tránsito al menos hasta finales de mes. Afrontar la actual crisis con éxito pasa por la implementación de un enfoque de género que permita prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas y diversidades.Amnistía Internacional Perú te invita a participar el domingo 19 de abril a las 5:00 p.m. en la charla interactiva virtual de Amnistía Internacional Perú: “Respuesta al Covid-19: Mujeres, niñas y diversidades”, en la que nos estará acompañando la experta en género Patricia Carrillo Montenegro. Los cupos son limitados así que si tienes disponibilidad te ruego confirmar tu asistencia escribiendo a activismo@amnistia.org.pe con el fin de enviarte el enlace para que te puedas conectar. El evento durará una hora en incluirá una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, facilítanos tu nombre y apellidos completos y si deseas tu teléfono celular para contactarte en caso de que haya algún cambio. Patricia Carrillo Montenegro es abogada feminista, ex directora general de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP; y actualmente Especialista Senior en Género del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

Esta decisión representa un cierre esperado para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, por las cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Ello, tras las heridas que innecesariamente reabrió el indulto que le fue otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Asimismo, la decisión reconoce la lucha histórica de dichas familias, quienes llevan décadas defendiendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación

Doce países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú en una importante victoria para el medioambiente y los derechos humanos que debe inspirar al resto de la región para que siga su ejemplo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay han firmado el tratado hoy, en la primera oportunidad, al comienzo de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras que la República Dominicana y Haití también se han comprometido a firmar en las próximas horas.

Actividad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a las personas que defienden la tierra y el medio ambiente.  Organización llama al Estado peruano a firmar el Acuerdo de Escazú como primer paso para crear una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Sobrevivientes como testigos oculares de Mosul oriental afirmaron no haber huido al empezar la batalla porque la autoridades iraquíes les habían aconsejado en repetidas ocasiones que permanecieran en sus domicilios.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Profesores universitarios detenidos por firmar petición contra las operaciones de seguridad del gobierno, Amnistía Internacional se pronuncia.

Esta actividad será una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI.

Se confirmó la condena de 10 años de cárcel y mil latigazos del bloguero Raif Badawi

El presidente Museveni acaba de firmar la entrada en vigor de esta ley. Es draconiana y perjudicial, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Uno de los primeros actos oficiales del presidente Barack Obama en enero de 2009 fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención militar de la bahía de Guantánamo (Cuba) en el plazo de un año.

El presidente Obama tiene razón al reafirmar que es necesario cerrar Guantánamo, abordar la necesidad de mayor transparencia y reconocer las cuestiones que plantea su programa de drones asesinos.

Así lo afirmamos después de confirmarse que ya son más de la mitad los detenidos que se han declarado en huelga de hambre.

La asamblea debe mostrar su apoyo al trabajo del Sistema Interamericano de DD.HH., integrado por la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) y la Corte Interamericana de DD.HH.