Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. 

Alekséi Navalni fue encarcelado por cargos falsos en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento casi mortal con un agente neurotóxico de uso militar que sufrió en 2020 en Rusia. Una vez en prisión, se presentaron en su contra cargos falsos adicionales y la pena de prisión que se le había impuesto se amplió a 19 años. Fue enviado a una colonia penitenciaria rusa del régimen más estricto cerca del círculo polar Ártico, donde se le negó sistemáticamente tratamiento médico adecuado y se le encerró en celdas de castigo en 27 ocasiones durante periodos prolongados, hasta un total de más de 300 días, por presuntas infracciones disciplinarias, como llevar un botón desabrochado. Sus condiciones de reclusión constituían una violación de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los países de la región de Oriente Medio y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana.

Amnistía Internacional rechaza y condena las amenazas contra la vida e integridad de la periodista Graciela Tiburcio Loayza, quien tras la publicación de una investigación periodística que involucra a un candidato al Congreso de la República con prácticas de acoso sexual, ha sido querellada penalmente y amenazada de muerte por desconocidos.

En el marco del 59 aniversario de Amnistía Internacional, Amnistía Internacional Perú llevará a cabo el ciclo virtual “Desafíos para el Perú de cara al Bicentenario” con el fin de abordar tres retos estructurales que el país enfrenta en materia de derechos humanos: Desapariciones forzadas, pena de muerte, y enfoque intercultural en políticas públicas y cambio climático.

Las desgarradoras cartas desde la cárcel de la abogada y activista de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh revelan el trauma que el gobierno inflige a las familias a las que dice proteger. Nasrin Sotoudeh es una abogada que nunca ha eludido hacer lo correcto en Irán. En su larga e impresionante trayectoria profesional, ha denunciado las injusticias de la pena de muerte y ha luchado por los derechos de la infancia. Más recientemente, cuestionó las degradantes leyes que obligan a niñas de tan solo nueve años a llevar el hiyab so pena de cárcel, flagelación o multa. Nasrin ha sido condenada a un total de 38 años y 148 latigazos en dos juicios injustos por reivindicar el derecho a elegir de las mujeres y niñas. Tendrá que cumplir 17 años de su condena.

La ejecución de 37 personas condenadas por cargos de "terrorismo" marca una escalada alarmante en el uso de la pena de muerte en Arabia Saudita, dijo hoy Amnistía Internacional. Entre los condenados a muerte se encontraba un joven que fue condenado por un delito que tuvo lugar cuando tenía menos de 18 años. "La ejecución masiva de hoy es una manifestación escalofriante de las autoridades de Arabia Saudita que ignoran la vida humana. También es otro indicio espantoso de cómo se está utilizando la pena de muerte como herramienta política para aplastar la disidencia dentro de la minoría chiíta del país ", dijo Lynn Maalouf, Directora de Investigación de Oriente Medio de Amnistía Internacional.

Cifras globales En 2018, Amnistía Internacional registró, al menos, 690 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 31% con respecto al año 2017, en que se registraron, al menos, 993 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante los últimos 10 años.

  A escala mundial, las ejecuciones se redujeron en un 31%, alcanzando la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años. Sin embargo, en algunos países las ejecuciones aumentaron, entre ellos Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Tailandia reanudó las ejecuciones y Sri Lanka amenazó con hacerlo. China siguió siendo el principal país ejecutor, seguido de Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam.

Por Francisco Bencosme Como persona queer de color que soy, me conmocionó saber que Brunéi ha adoptado un Código Penal que permite la muerte por lapidación para castigar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Como ser humano, me preocupó que una legislación tan cruel entrara en vigor, permitiendo a las autoridades de Brunéi restringir las libertades de expresión, religión y creencia. Como alguien que trabaja en la región, pensé: ¿podrían asesinarme en la calle por ser quien soy si viajo a Brunéi? Y lo más importante, pensé en los incontables activistas LGBTQ+ de Brunéi que estarán temiendo una ofensiva reaccionaria. Pensé en su temor por su vida y por la vida de sus familiares y de su comunidad, y en si tienen posibilidades de buscar seguridad y solicitar asilo en otros países. La evolución observada en Brunéi debe verse como una señal de alarma. Tenemos que salir y alzar la voz, no sólo en favor de Brunéi, sino también de todas las personas que forman la comunidad mundial LGBTQ+. Si alzamos la voz en defensa de los derechos humanos en Brunéi, debemos hacer lo mismo en otros lugares. La situación de las personas LGBTQ+ en todo el mundo nos recuerda las sabias palabras de Martin Luther King: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino”.

En respuesta a la noticia de que Brunéi Darussalam ha finalizado hoy la implementación de un nuevo Código Penal Islámico que introduce penas crueles, como la muerte por lapidación por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o la amputación por robo, Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, ha declarado:  “Nos preocupa enormemente que estas atroces penas se hayan convertido hoy en ley en Brunéi”.  

Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989).

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación ante la posibilidad de un debate en el Congreso de la República para reinstaurar la pena de muerte como medida para combatir la violencia contra mujeres y niñas, a solo unas semanas de que Perú fuera elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los legisladores iraníes no deben perder la oportunidad histórica de rechazar el uso de la pena de muerte por delitos de drogas y salvar la vida de miles de personas en todo el país, han manifestado Amnistía Internacional y la Fundación Abdorrahman Boroumand hoy.