Amnistía Internacional sobre impedimento de ingreso al país de Jadiyetu El Mohtar Sidahmed
Amnistía Internacional muestra su preocupación ante la situación que ha llevado a “reembarcar” de manera coercitiva por la PNP y con presencia de altos cargos de la Dirección General de Migraciones y del Ministerio de Asuntos Exteriores a la ciudadana española, de origen saharaui, Jadiyetu El Mohtar Sidahmed después de pasar 20 días en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Perú, impedida de ingresar a territorio peruano a pesar de contar con todos sus documentos en regla, según informó su abogado.
29 septiembre 2017
Los pueblos indígenas te necesitan
Comunidades indígenas en la selva y la sierra de Perú sufren una crisis de salud por exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, sus únicas fuentes de agua están contaminadas, y el Estado peruano no les ha brindado la atención que necesitan
Estudios demuestran que las personas están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas nocivas para la salud humana y sus fuentes principales de agua están contaminadas. A pesar de esta realidad, el Estado peruano no les ha proveído de agua potable ni atención médica adecuada vulnerando su derecho a la salud.
Necesitamos tu apoyo para que el Estado peruano adopte medidas de emergencia para responder las necesidades urgentes de salud en Cuninico y Espinar.
14 septiembre 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017
Perú: Amnistía Internacional advierte posible retroceso en derechos de personas LGBTI
Amnistía Internacional advierte que la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso peruano que recomienda derogar el decreto legislativo 1323 para eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género como tipificación de delito sería un grave retroceso en derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
04 abril 2017