El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.  

Este juicio marcado por diversas denuncias de irregularidades, demuestra la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos Indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde décadas de censura por parte del Estado en Cuba hasta la demonización liderada por la Casa Blanca contra la prensa estadounidense y la ola incesante de ataques a periodistas mexicanos, América es aún una región sumamente difícil y peligrosa para quienes ejercen el periodismo.

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

  Mientras el gobierno de Trump se prepara para ampliar aún más el letal programa estadounidense de drones, con el consiguiente aumento del riesgo de que se produzcan bajas civiles y homicidios ilegítimos, Amnistía Internacional pide a cuatro países europeos que revisen urgentemente la crucial ayuda operativa y de inteligencia que proporcionan a dicho programa.  

Debe concederse al equipo de la OPAQ acceso pleno y sin trabas a ese lugar de Duma sin más demora. Su investigación es crucial para descubrir las circunstancias exactas en torno a las terribles imágenes que han horrorizado al mundo este mes. Cada día que pasa sin que se permita el acceso de los inspectores dificulta su labor de recoger y analizar pruebas vitales.

Los líderes regionales deben situar la protección de los derechos humanos en un lugar prioritario de su declaración final ante la VIII Cumbre de las Américas y tomar medidas urgentes para atenerse a dicho compromiso en sus respectivos países; así lo ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre que se celebra mañana en Lima (Perú).

Tras la aparente victoria del partido del presidente Orbán, Fidesz, en las elecciones generales de Hungría, Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

Organización hace un llamado al presidente peruano a implementar de manera urgente políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas LGBTI, víctimas del conflicto armado interno y personas defensoras de derechos humanos. Presidente debe cumplir con compromisos y obligaciones del Estado peruano ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos humanos.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Cuando se cumplen siete años de conflicto en Siria, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y tome medidas urgentes para poner fin al sufrimiento de millones de sirios y sirias y a los sangrientos ataques contra la población civil sometida a asedio en la Guta oriental y en Afrin.

La ONU acaba de publicar un informe condenatorio sobre la investigación llevada a cabo por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En él se revelan la detención arbitraria y la tortura de sospechosos y la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Un proyecto de investigación pionero de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de negligencia grave por parte de las gigantes del petróleo Shell y Eni, cuya gestión irresponsable de los vertidos de petróleo en el delta del Níger está agravando una crisis medioambiental. Por medio de la red Decoders (Descodificadores/as), innovadora plataforma desarrollada por Amnistía Internacional para la investigación en materia de derechos humanos mediante colaboración colectiva, la organización captó a miles de simpatizantes y activistas para reunir datos sobre los vertidos de petróleo en el delta del Níger. La información reunida fue analizada luego por personal de investigación de Amnistía Internacional y verificada por Accufacts, especialista independiente en oleoductos.  

Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, que pasó 15 años encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica, fue puesta en libertad el martes tras reducirse su condena de 30 años por “homicidio agravado”, impuesta en virtud de la prohibición total del aborto vigente en El Salvador. En respuesta a su liberación, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:

El preso de conciencia Villca Fernández finalmente recibió atención médica después de que se le hubiera negado el tratamiento médico que necesitaba urgentemente desde junio de 2017. Desde el 26 de enero de 2018, las autoridades penitenciarias han trasladado a Villca Fernández a un hospital militar en varias ocasiones para que recibiera un tratamiento continuado.