En vista de cómo está reprimiendo el gobierno la prestación de ayuda humanitaria, mi caso puede sentar un peligroso precedente. De Scott Warren Después de atravesar México en un peligroso viaje y cruzar con dificultad el desierto de Arizona, Jose y Kristian supieron por alguien que encontrarían agua y comida en un lugar de Ajo llamado “the Barn” (el granero). “The Barn” es un punto de encuentro para personal voluntario como yo, y allí ambos jóvenes pudieron comer, descansar y acceder a asistencia médica. La Patrulla Fronteriza los detuvo cuando se disponían a marcharse. Los agentes también me esposaron y arrestaron a mí, por haber proporcionado “comida, agua, ropa limpia y camas” a los dos migrantes, en palabras de la Patrulla.

  El Congreso de México se apresta a aprobar un paquete de leyes en materia de seguridad pública con normas contrarias al derecho internacional que pondrían en riesgo los derechos humanos de la población y socavarían así la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, señaló hoy Amnistía Internacional. “Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas”, señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes envían una delegación de su alta dirección para que observe el impacto de la política estadounidense sobre las personas solicitantes de asilo y migrantes que viajan hasta la frontera de Estados Unidos con México. La delegación, que estará allí del 27 al 31 de enero, se entrevistará con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Los grupos de familias, integrados también por numerosas personas jóvenes y niños y niñas pequeños, que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en Centroamérica no son un fenómeno nuevo.

Una delegación de Amnistía Internacional viajará al estado de Chiapas, en el sur de México, del 23 al 26 de octubre, para documentar la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que viajan en la caravana procedente de Honduras y observar la respuesta de las autoridades mexicanas.

Amnistía Internacional muestra su preocupación frente al impacto en materia de derechos humanos de las personas venezolanas que tendrán las recientes medidas migratorias adoptadas por las autoridades peruanas que restringen el ingreso al Perú únicamente a quienes posean un pasaporte. La organización ha documentado la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela y las dificultades que enfrentan las personas para obtener alimentación, atención en salud y documentación de viaje. La implementación de las recientes medidas migratorias podría incrementar el riesgo e inseguridad de quienes buscan obtener protección internacional, e incrementan su vulnerabilidad frente a la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, el tráfico de migrantes y refugiados, entre otros.

Al ver a 93 personas refugiadas y migrantes demacradas descender del barco de una ONG española en el puerto de Pozzallo a principios de este mes, el alcalde de la ciudad dijo que esas personas le recordaban a “una escena de los campos de concentración”.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

En respuesta a lo sucedido hoy en Charlottesville, Virginia, la directora ejecutiva adjunta de Campañas y Membresía de Amnistía Internacional Estados Unidos, Njambi Good, ha declarado: “Las autoridades deben actuar para reducir la tensión en Charlottesville y tomar las medidas necesarias para frenar el odio hacia las personas de color, inmigrantes, refugiadas, judías, musulmanas y otras.

En respuesta a la noticia de que el Parlamento italiano ha votado a favor de desplegar buques de guerra en aguas libias para apoyar a la guardia costera de Libia en la interceptación y devolución de personas refugiadas y migrantes a ese país, Gauri Van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

Miles de personas refugiadas y migrantes más podrían morir en el mar si se aplica un deficiente código de conducta para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tras revisar un borrador filtrado del documento.

Si se permite que entre en vigor, la orden ejecutiva de la administración Trump sobre la prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos, que está previsto examinar en los tribunales federales de apelación el lunes próximo, perjudicará tanto a inmigrantes como a personas de nacionalidad estadounidense.          

El acuerdo UE-Turquía, que ha provocado el sufrimiento de miles de personas refugiadas y migrantes, constituye una mancha en la conciencia colectiva de Europa. 

Miles de personas refugiadas y migrantes están siendo recluidas arbitrariamente y en lamentables condiciones.