Colombia enfrenta una grave crisis de derechos humanos como consecuencia de los reiterados asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos, ante la mirada impávida de las autoridades, manifestó Amnistía Internacional hoy

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

Una madrugada, hace dos años en México, recibí la llamada que confirmaba lo que usted tanto nos advirtió: que un día la iban a matar por su lucha. En ese momento supe que teníamos que asumir la búsqueda de justicia con la fuerza con la que usted hubiese luchado. Lo que no sabía era cómo iba a enfrentar a tanta impunidad.  

En su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía Internacional evalúa el estado de los derechos humanos en 159 países durante 2017 y presenta un análisis especialmente exhaustivo de las condiciones en que se encuentran en la actualidad en el mundo. En el Perú la organización encuentra que la falta de acción del Estado ante problemas históricos impide lograr avances en materia de derechos humanos.

La decisión de no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori representa un avance importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes ocurridos en Pativilca, y reafirma la obligación del estado peruano de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, dijo Amnistía Internacional.

Activistas de Amnistía Internacional y familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos revelaron un mural con los rostros de las víctimas de los crímenes cometidos por Alberto Fujimori. La actividad forma parte de las acciones que viene desarrollando la organización para combatir la impunidad para graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú entre los años 1980 – 2000.

Durante la audiencia del día de mañana 26 de enero, el Estado peruano tendrá una oportunidad histórica para poner fin a la impunidad creada por la decisión del presidente Kuczynski de conceder la gracia a Alberto Fujimori, la cual viola el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca    

Amnistía Internacional lamenta la noticia del indulto concedido a Alberto Fujimori el día de hoy en medio de  dudas sobre la trasparencia, objetividad y el respeto al debido proceso que deberán ser resueltas de forma urgente por el presidente Kuczynski. Esta medida se produce luego que el pasado jueves se votó en el Congreso de la República una moción de vacancia en contra del presidente peruano que fue desestimada por falta de votos.        

Amnistía Internacional observa con suma preocupación la posible concesión de un indulto a Alberto Fujimori, ya que constituiría un grave retroceso en la lucha contra la impunidad en el Perú.  

La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada hoy con objeto de hacer rendir cuentas al grupo armado autodenominado Estado Islámico por los crímenes de guerra y los abusos contra los derechos humanos cometidos en Irak no cumple los requisitos necesarios para acabar definitivamente con una peligrosa cultura de impunidad que podría dar lugar a nuevos abusos, ha manifestado Amnistía Internacional.

La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

La campaña Justicia para Siria pide a los gobiernos que pongan fin a la impunidad y hagan realidad la rendición de cuentas para el pueblo sirio, brindándole apoyo, financiando el mecanismo de investigación sobre Siria votado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

La determinación del Estado salvadoreño de garantizar impunidad para estos criminales envía un mensaje de que estos hechos son aceptados y tolerados, y que nadie será castigado.

Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.

Es fundamental que se haga justicia por todas las muertes, tanto de los campesinos como de los policías.