Mientras continúe abierta, la prisión militar de la bahía de Guantánamo seguirá empañando el historial de derechos humanos de Estados Unidos y haciendo posible la continuación de las violaciones de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional Estados Unidos la víspera del aniversario de su apertura, el 11 de enero.

Desde 2001, Estados Unidos viene actuando como si el mundo fuera un campo de batalla permanente, a costa de miles de vidas, incluidas las de gran número de civiles. Pese a esto, el presidente Trump ha ampliado, según parece, la autoridad para realizar ataques aéreos fuera de zonas de guerra y ha expresado una indiferencia escandalosamente insensible hacia las víctimas civiles. Lo último que necesita el presidente Trump es una autorización indefinida renovada que le dé un cheque en blanco para perpetuar una guerra sin fin, que es exactamente lo que representa el proyecto de ley propuesto

La población de Siria ya ha soportado seis años de devastadores ataques, incluidos ataques con armas químicas, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Deben tomarse todas las precauciones para reducir al mínimo el riesgo de causar daños a la población civil en cualquier acción militar. La población, que ya vive con miedo a perder la vida en ataques ilegítimos, no debe ser castigada además por presuntas violaciones del gobierno sirio.

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La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes. Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.  

El encarcelamiento continuado de la activista palestina adolescente Ahed Tamimi es un flagrante intento de intimidar a quienes se atreven a desafiar las circunstancias de la constante ocupación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que Ahed Tamimi haya sido condenada a una pena de ocho meses de prisión y a una multa de 5.000 séqueles (unos 1.400 dólares estadounidenses), con una pena condicional de tres años, tras llegar a un acuerdo para declararse culpable a cambio de esa pena en el tribunal militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada por Israel.

El preso de conciencia Villca Fernández finalmente recibió atención médica después de que se le hubiera negado el tratamiento médico que necesitaba urgentemente desde junio de 2017. Desde el 26 de enero de 2018, las autoridades penitenciarias han trasladado a Villca Fernández a un hospital militar en varias ocasiones para que recibiera un tratamiento continuado.

Abdu Salam permaneció en su pueblo mientras soldados de Myanmar y paramilitares locales incendiaban decenas de viviendas el pasado agosto. Se quedó allí mientras circulaban las noticias de las atrocidades que los soldados habían cometido en otros pueblos rohingyas en el norte del estado de Rajine. Y lo hizo porque el pueblo de Hpon Nyo Leik era su hogar, el único que conocía, y quería proteger las propiedades de su familia y su derecho a vivir allí.

Todos los años, el ejército israelí procesa a centenares de niños y niñas palestinos ante tribunales militares de menores, a menudo tras detenerlos en redadas nocturnas y someterlos a malos tratos, como vendarles los ojos, amenazarlos, mantenerlos aislados e interrogarlos sin estar presentes sus abogados o familiares.   Según organizaciones locales de derechos humanos, actualmente hay unos 350 menores de edad palestinos en las cárceles y los centros de detención israelíes.

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país afectando los derechos humanos de la población civil colombiana; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.   

Una vez más, el ejército de Myanmar ha lanzado una brutal campaña militar contra la minoría rohingya: ha matado a civiles y ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. Y, una vez más, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha eludido adoptar una postura contra los horrores que se están produciendo en uno de sus Estados miembros.

El 27 de agosto se cumplen 50 años desde que Israel emitió la Orden Militar 101, una ley que castiga a la población palestina por expresar pacíficamente sus opiniones políticas. Cualquier persona que infrinja la orden puede ser condenada a hasta 10 años de encarcelamiento o al pago de una cuantiosa multa. Transcurridos 50 años, la Orden Militar 101 —casi tan antigua como la ocupación israelí de territorios palestinos— se sigue aplicando a la población palestina de Cisjordania, y puede ejecutarse en cualquier momento.

Las autoridades de Líbano deben revelar todas las conclusiones de su investigación sobre la muerte de cuatro refugiados sirios, ha declarado Amnistía Internacional después de que el fiscal militar de este país diese a conocer ayer que un informe forense había concluido que habían fallecido por “causas naturales”. Los hombres murieron tras ser detenidos en una incursión militar realizada contra la localidad de Arsal el 30 de junio de 2017.

Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Paramilitares iraquíes utilizan armas militares para cometer crímenes de guerra.