Amnistía Internacional expresa su preocupación por la decisión del presidente Martin Vizcarra de autorizar, el 3 de agosto de este año, la intervención de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno en el puerto de Matarani, en respuesta a las protestas contra el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay, región de Arequipa.

Después de la primavera árabe y de una persistente crisis de derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, la juventud de la región está impaciente por desempeñar un papel protagonista en la creación del cambio. Al mismo tiempo, le cuesta acceder a las herramientas necesarias para transformar la sociedad y tiene vedado el camino de aprendizaje por quienes ejercen el poder. En Oriente Medio y el Norte de África, defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a importantes amenazas para su seguridad en su lucha por defender los derechos humanos. Dependiendo del país, simplemente asistir a un curso o taller sobre derechos humanos puede dar lugar a la expulsión, la prohibición de viajar o incluso la cárcel. La realidad del camino hacia el cambio varía radicalmente de un país a otro, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos viven en situación de peligro, en la que a menudo influyen el conflicto y la represión. Teniendo esto presente, el equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional decidió elaborar un plan sobre cómo apoyar a estos agentes de cambio. Mazen Jaber, coordinador regional para Oriente Medio y Norte de África, afirma que estaban “buscando la manera de ayudar a amplificar las voces de una generación que pide un cambio y desarrollar su capacidad para movilizarse localmente”. Con esta meta, el equipo fundó la Academia de los Derechos Humanos de Amnistía, una plataforma online para poner la formación y educación en derechos humanos al alcance de personas de todo el mundo de manera gratuita. Cualquier persona, sin que importara su ubicación, educación o clase social, ya podía acceder a estos conocimientos y formarse. De este modo, los/as activistas en riesgo de sufrir represión y hasta sanciones por participar en talleres podían hacerlo tranquilamente desde sus teléfonos u ordenadores. Para englobar la diversidad de situaciones que afrontan los/as activistas en la región de Oriente Medio y Norte de África, Jaber y su equipo elaboraron un plan basado en tres elementos clave: aprendizaje online independiente y al ritmo que se desee, formación avanzada sobre cómo documentar violaciones de derechos humanos y herramientas online e iniciativas cara a cara para facilitar y promover el activismo juvenil.

En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado: “La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.” “Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.” “Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.” Información complementaria La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020. Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables. La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge. El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal. Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.

El fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf se halla recluido arbitrariamente en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, desde el 22 de enero de 2019. Fue detenido tras rechazar el Ministerio del Interior israelí su solicitud de reunificación familiar con su esposa y su hija de corta edad y ordenar que fuera deportado de inmediato a Jordania. Vive en Jerusalén Oriental, sin condición jurídica reconocida, desde 1999. Está expuesto a ser deportado en cualquier momento. Trabaja para la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes en Jerusalén Oriental. Aryeh Makhlouf DeriMinistro del Interior / Minister of Interior Affairs2 Kaplan StreetPO Box 6158Kiryat Ben-GurionJerusalem 91061, IsraelFax: + 972 2 670 1628Correo-e: sar@moin.gov.il Señor Ministro: El 22 de enero de 2019, el Ministerio del Interior de Israel ordenó la expulsión del fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf a Jordania, tras rechazar una solicitud de reunificación familiar que había presentado. De 32 años y nacido en Argelia de padre palestino, Mustafa al-Kharouf vive en Jerusalén Oriental con su familia desde los 12 años. Está casado con Tamam al-Kharouf, residente en Jerusalén Oriental. Lleva más de 70 días recluido en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, y corre riesgo de deportación. Es fotoperiodista de la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional teme que su detención arbitraria y la decisión de deportarlo tengan por objeto impedirle realizar su labor periodística. En cualquier caso, su deportación de Jerusalén Oriental supondría una infracción del IV Convenio de Ginebra, en el que Israel es Estado Parte desde 1951. Nos preocupa mucho que, si es enviado a Jordania, donde no tiene condición jurídica reconocida, permanezca allí como apátrida y separado de su familia. Como jerosolimitano palestino, tiene un documento de viaje jordano temporal, que no le confiere los derechos de residencia ni ciudadanía jordanas, sino, como mucho, derecho a una breve estancia en Jordania. Lo insto, Señor Ministro, a garantizar que Mustafa al-Kharouf sale en libertad de la prisión de Givon y, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del IV Convenio de Ginebra, puede permanecer en condiciones de seguridad en su casa, concediéndole la residencia permanente en Jerusalén Oriental. Atentamente,

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la intervención sin orden judicial realizada el día de ayer por el Ministerio Público en las oficinas del Instituto de Defensa Legal (IDL) luego que el equipo de periodismo de investigación “IDL Reporteros” hiciera públicos una serie de audios que involucran a funcionarios del sistema de justicia peruano en la presunta comisión de delitos.

En respuesta a la decisión tomada por Israel de expulsar a Omar Shakir, director de Human Rights Watch en el país, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado: “Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Omar Shakir y condenamos enérgicamente la decisión de Israel de revocar su permiso de trabajo y ordenarle que abandone el país. Su expulsión es una alarmante señal más de la creciente intolerancia del país respecto a las voces críticas”.  

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

El hecho de que las autoridades hondureñas no hayan identificado a quienes ordenaron el brutal asesinato de la defensora de los derechos humanos ambientales Berta Cáceres ni los hayan llevado ante la justicia pone en grave riesgo a cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos.                        

Según informes, la oficina de derechos humanos del Departamento de Estado ha recibido orden de eliminar de su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo los pasajes sobre los derechos reproductivos y la discriminación de las mujeres

  Ha pasado un año desde que se frustró el plan del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. El Tribunal Superior declaró inconstitucional la decisión y ordenó al gobierno que continuara dando asilo a las personas refugiadas. Pero, si alguien creyó que la histórica sentencia anunciaba el fin de años de sufrimiento para los refugiados somalíes, a estas alturas ya debe sentir una amarga decepción.  

La decisión de volver a recluir al presidente de Amnistía Internacional Turquía tan sólo unas horas después de que un tribunal ordenara su liberación debe ser anulada de inmediato, y Taner Kılıç debe ser puesto en libertad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El 27 de agosto se cumplen 50 años desde que Israel emitió la Orden Militar 101, una ley que castiga a la población palestina por expresar pacíficamente sus opiniones políticas. Cualquier persona que infrinja la orden puede ser condenada a hasta 10 años de encarcelamiento o al pago de una cuantiosa multa. Transcurridos 50 años, la Orden Militar 101 —casi tan antigua como la ocupación israelí de territorios palestinos— se sigue aplicando a la población palestina de Cisjordania, y puede ejecutarse en cualquier momento.

Si se permite que entre en vigor, la orden ejecutiva de la administración Trump sobre la prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos, que está previsto examinar en los tribunales federales de apelación el lunes próximo, perjudicará tanto a inmigrantes como a personas de nacionalidad estadounidense.          

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

En la mañana de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán ordenó la absolución de Belén, la joven de 25 años quien fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo. Aún no se conocen los fundamentos de la sentencia.  

Fallo de un juez federal de Hawai ha bloqueado la aplicación de la versión revisada de la orden del presidente Trump que prohíbe viajar a las personas musulmanas.