Afganistán: la CPI se niega a autorizar la investigación y cede a las amenazas estadounidenses
Amnistía Internacional ha declarado hoy que la decisión de la Corte Penal Internacional de no autorizar una investigación de los delitos cometidos en Afganistán en virtud del derecho internacional marca un sorprendente abandono de las víctimas y debilitará aún más la credibilidad del tribunal.
La decisión de la CPI se produce pocos días después de que Estados Unidos, que ya había emitido amenazas al tribunal, revocó la visa del fiscal principal porque la investigación involucró crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses.
“Afganistán ha sido testigo de crímenes atroces cometidos con impunidad casi absoluta, en todo el país, durante más de una década y media. La decisión de la CPI de hoy es un sorprendente abandono de las víctimas que debilitará la credibilidad ya cuestionable de la corte ", dijo Biraj Patnaik, Director de Asia Meridional en Amnistía Internacional.
15 april 2019
Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:
“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”
“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.”
Información complementaria
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
11 april 2019
La pena de muerte en 2018: Datos y cifras
Cifras globales
En 2018, Amnistía Internacional registró, al menos, 690 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 31% con respecto al año 2017, en que se registraron, al menos, 993 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante los últimos 10 años.
10 april 2019
La pena de muerte en 2018: Drástico descenso de las ejecuciones a escala mundial
A escala mundial, las ejecuciones se redujeron en un 31%, alcanzando la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años.
Sin embargo, en algunos países las ejecuciones aumentaron, entre ellos Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur.
Tailandia reanudó las ejecuciones y Sri Lanka amenazó con hacerlo.
China siguió siendo el principal país ejecutor, seguido de Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam.
10 april 2019
Amnistía Internacional nos da una lista de los lugares del mundo donde las personas queer necesitan nuestra ayuda
Por Francisco Bencosme
Como persona queer de color que soy, me conmocionó saber que Brunéi ha adoptado un Código Penal que permite la muerte por lapidación para castigar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Como ser humano, me preocupó que una legislación tan cruel entrara en vigor, permitiendo a las autoridades de Brunéi restringir las libertades de expresión, religión y creencia. Como alguien que trabaja en la región, pensé: ¿podrían asesinarme en la calle por ser quien soy si viajo a Brunéi? Y lo más importante, pensé en los incontables activistas LGBTQ+ de Brunéi que estarán temiendo una ofensiva reaccionaria. Pensé en su temor por su vida y por la vida de sus familiares y de su comunidad, y en si tienen posibilidades de buscar seguridad y solicitar asilo en otros países.
La evolución observada en Brunéi debe verse como una señal de alarma. Tenemos que salir y alzar la voz, no sólo en favor de Brunéi, sino también de todas las personas que forman la comunidad mundial LGBTQ+. Si alzamos la voz en defensa de los derechos humanos en Brunéi, debemos hacer lo mismo en otros lugares. La situación de las personas LGBTQ+ en todo el mundo nos recuerda las sabias palabras de Martin Luther King: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino”.
09 april 2019
Brunéi debe detener de inmediato sus planes de introducir la lapidación y otras penas crueles
En respuesta a la noticia de que Brunéi Darussalam ha finalizado hoy la implementación de un nuevo Código Penal Islámico que introduce penas crueles, como la muerte por lapidación por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o la amputación por robo, Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Nos preocupa enormemente que estas atroces penas se hayan convertido hoy en ley en Brunéi”.
04 april 2019
Amnistía Internacional observará audiencia ante la Corte Suprema de Justicia sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori
El 17 de diciembre se llevará a cabo ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú una audiencia pública sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori. En ese contexto, Amnistía Internacional señala que dicho tribunal tiene la oportunidad de hacer prevalecer las obligaciones internacionales del estado peruano con relación al indulto concedido a Alberto Fujimori. Asimismo, recordó al estado peruano que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben estar por encima de consideraciones políticas.
La Sala Penal Especial debe decidir en segunda instancia si confirma o no la resolución dictada el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la cual dio la razón a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y declaró que el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado el día 24 de diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, es inaplicable en el caso
13 december 2018
Autoridades están criminalizando personas defensoras de derechos humanos tras anular sentencia absolutoria
Las autoridades peruanas deben dejar de utilizar el sistema penal de forma indebida para hostigar a personas defensoras de derechos humanos, reiteró Amnistía Internacional hoy después de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular una sentencia absolutoria e iniciar un nuevo juicio en contra de tres defensores ambientales de la provincia sureña de Espinar, Perú.
10 may 2018
El Salvador: Fracaso de la despenalización del aborto es un golpe terrible para los derechos humanos
“Legisladores de El Salvador tienen las manos manchadas de sangre después de negarse a siquiera discutir la reforma para despenalizar el aborto. Esta reforma, que se necesitaba desesperadamente, habría salvado la vida de incontables mujeres y niñas que corren peligro innecesariamente debido a la prohibición total del aborto. La oportunidad desperdiciada de poner fin a esta injusticia es un golpe terrible a los derechos humanos en El Salvador”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
02 may 2018
Denuncias infundadas e impunidad amenazan la defensa de la tierra de activistas ambientales en Perú
Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.
26 april 2018