A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 august 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 august 2023
Perú: Presidenta Boluarte debe ordenar a las fuerzas de seguridad respetar el derecho a la protesta
Durante los últimos meses, miles de personas han tomado las calles para protestar. Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
17 july 2023
Perú: Debe investigarse a funcionarios de alto nivel por los ataques letales generalizados de las fuerzas de seguridad
La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
24 may 2023
Perú: La secretaria general de Amnistía Internacional encabeza delegación para presentar informe sobre represión estatal
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha llegado a Perú para presentar las conclusiones completas de una investigación sobre la represión de las protestas generalizadas que comenzaron en el contexto de la crisis política del pasado diciembre.
20 may 2023
Chile y Perú: Autoridades deben poner fin a la militarización de fronteras como respuesta al ingreso de personas en necesidad de protección
Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos.
27 april 2023
21 de abril: Lanzamiento del Informe Anual de Amnistía Internacional en Chiclayo
Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.
12 april 2023
Perú: Continúan la represión racista y lentitud en investigaciones a 100 días de inicio de las protestas
“A pesar de los reiterados llamados que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento”.
17 march 2023
Escucha en quechua las conclusiones iniciales de nuestra investigación sobre represión y protesta
Amnistía Internacional ha verificado que, desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima e indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas. Esta violenta represión por parte del Estado constituye ataques generalizados contra el pueblo.
09 march 2023
Sé parte de la exposición de posters al cumplirse los cien días del inicio de las protestas en el Perú
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados.
27 february 2023
Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas potencialmente letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar los hallazgos iniciales de su investigación en el país.
16 february 2023
Amnistía Internacional. En estado de emergencia se debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos
Ante el reinicio de movilizaciones en diferentes regiones del país, Amnistía Internacional invoca a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta, recordando que incluso en un estado de emergencia se mantiene el respeto irrestricto a derechos como la vida, la integridad y la prohibición de tortura. Al mismo tiempo, a los manifestantes, a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.
04 january 2023
Colombia y Perú: Mujeres venezolanas enfrentan creciente violencia de género ante abandono estatal en países de acogida
Los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida, dijo Amnistía Internacional hoy en el nuevo informe, Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú.
12 july 2022
Desprotegidas: Violencia basada en género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú
En Colombia y Perú, los dos principales países receptores de población refugiada venezolana en la región, las mujeres venezolanas enfrentan múltiples formas de violencia en el espacio público, en sus casas y en el trabajo. Sin embargo, no logran acceder a la justicia ni a los servicios de salud, debido a la existencia de estereotipos relacionados con su género, nacionalidad, e identidad de género, entre otras, los cuales también significan enfrentar nuevos episodios de violencia y discriminación cuando intentan presentar una denuncia. Para muchas, la falta de estatus migratorio regular y de información sobre sus derechos agudiza estas dificultades. Este informe expone cómo las autoridades colombianas y peruanas están fallando en garantizar los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia y discriminación.
12 july 2022