En julio de 1998, Amnistía Internacional escribió al gobierno turco pidiendo la liberación del entonces alcalde de Estambul, encarcelado tras leer un poema en una manifestación. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y lanzó una campaña global en su favor. Se llamaba Recep Tayyip ErdoÄŸan. Diecinueve años después, Recep Tayyip ErdoÄŸan es ahora presidente y dirige las detenciones de algunos de los más destacados activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos del país, entre ellos dos líderes de Amnistía Internacional Turquía.

El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.  Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora. “Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”  Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.  El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información Complementaria A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.

La decisión de la Corte Suprema de Perú de aplazar el fallo en el caso contra la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña es el más reciente intento por parte de las autoridades de obstruir su trabajo legítimo en defensa del medio ambiente, dijo Amnistía Internacional.

“La Llama de la Esperanza” es el máximo reconocimiento de Amnistía Internacional Venezuela a la labor dedicada y eficaz de una persona, grupo u organización a favor del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el uso indebido del sistema de justicia a través de un infundado proceso penal por usurpación en contra de la defensora de derechos humanos Máxima Acuña, y por la estigmatización en su contra con el fin de desacreditar y deslegitimar su trabajo.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Las leyes que deberían apoyarlas se aplican de forma deficiente.

Durante la Cumbre de las Américas debe verse este tema.

Un homenaje a Giulia Tamayo, abogada, feminista e inagotable defensora de los derechos humanos

En el 2013, los abusos y violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos continuaron y en algunos casos se intensificaron.

Unos policías arrojaron gas lacrimógeno contra la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El incidente ocurrió en medio de una tensión y una preocupación cada vez mayores por los derechos humanos, tras la disolución de una manifestación para celebrar el regreso, el 21 de septiembre, del presidente depuesto Manuel Zelaya. El martes 22 de septiembre, unos 15 policías aparcaron ante la entrada a la sede de la organización de derechos humanos COFADEH y, al parecer, trataron de entrar en el edificio. Sin advertencia previa, arrojaron entonces botes de gas lacrimógeno contra las oficinas, en cuyo interior, en aquellos momentos, se encontraba todo el personal de la organización, más un centenar de personas, entre ellas mujeres, niños y niñas. Esas personas se encontraban allí para dar su testimonio sobre los abusos cometidos por la policía durante la disolución de una manifestación que acababa de celebrarse ante la Embajada de Brasil en la capital de Honduras, Tegucigalpa.

Los paramilitares han amenazado con matar a tres defensores colombianos de los derechos humanos, a los que acusan de pertenecer a la guerrilla. El 31 de julio, tres hombres que trabajan con grupos de derechos humanos en los departamentos contiguos de Risaralda y Quindío, en el oeste de Colombia, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras - Eje Cafetero. Se trata de Guillermo Castaño, presidente de la sección de Risaralda del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos (CPDH); Mauricio Cubides, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Domingo Taborda, que realiza documentales sobre derechos humanos, y Yezid Beltrán, director del Sistema de Alertas Tempranas en el Eje Cafetero de la Defensoría del Pueblo. Como indica su nombre, el Eje Cafetero es la región de Colombia dedicada al cultivo de café. El Sistema de Alarmas Tempranas es una iniciativa del gobierno con la que se pretende impedir la comisión de abusos contra los derechos humanos en el contexto del conflicto armado del país.