"El defensor Cesar Estrada fue condenado a 10 años de cárcel en un proceso penal que tuvo como objetivo hostigarlo e intimidarlo por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y además enviar un mensaje a otros miembros de su comunidad para que no continúen con su labor de defensa". "Según información recibida por Amnistia Internacional, su condición de salud está gravemente comprometida. Cesar teme buscar ayuda médica especializada por miedo a ser aprehendido y llevado a la cárcel. De producirse, dicha detención seria arbitraria porque su condena es consecuencia de la violación del derecho a un juicio justo". "El 6 de agosto habrá una nueva instancia judicial para solicitar la libertad de Cesar. Reiteramos una vez más que usar indebidamente el sistema de justicia para acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano y que los tres poderes del Estado deben cumplir con dichas obligaciones".

Durante una visita que hice a Perú el año pasado, tuve el honor de conocer Melchora Surco, mujer indígena del pueblo andino de Alto Huancané que lleva años luchando por agua limpia para su comunidad.Melchora tenía 63 años, pero parecía mayor debido al desgaste causado no sólo por problemas de salud provocados por el agua contaminada con metales tóxicos, sino también por su lucha por conseguir que el gobierno peruano detenga la contaminación de la única fuente de agua fresca de su comunidad.

Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, invita a Diálogo – Teatro sobre personas refugiadas en Perú, en el Lugar de la Memoria El día 20 de junio el mundo conmemora el valor, coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas. Este año, Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, y el Lugar de la Memoria, invita al foro “Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas" y la presentación de la obra de teatro “Un chico de Bosnia”. En el mundo hay más de 60 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus familias y hogares para salvar sus vidas, a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Perú alberga más de 60.000 personas refugiadas y solicitantes con nacionalidades de 30 diferentes países de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela, miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la esperanza de reconstruir sus vidas. El foro comienza a las 5:30 y en él participan Bertrand Blanc, Jefe de la Oficina Nacional Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Embajador Patricio Rubio, Subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Cancillería), Gabriela Neira Hidalgo, Directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Samaniego Salcedo, Director Ejecutivo de Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad; y Francesco Tucci, Analista Internacional y profesor de la PUCP, quien nos dará un enfoque global e integral de los refugiados de tal forma que el público asistente entienda mejor la magnitud de la realidad y sienta mayor empatía con las personas refugiadas. Presenta Irene Abugattas, integrante del Grupo 1 de Amnistía Internacional Perú, y modera Marina Navarro, Directora Ejecutiva de esta organización. ‘Un Chico de Bosnia’ del dramaturgo holandés Ad de Bont, bajo la dirección de Felien de Smedt, trata un tema humano y actual, y su historia busca visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo. La obra tendrá lugar a las 8:00 p.m. El foro será un espacio para dialogar sobre oportunidades para la integración local de personas con necesidades de protección internacional en Perú. El evento es de libre ingreso.

En reacción al desplazamiento de miles de personas en el departamento de Antioquia, debido a inundaciones causadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:  

Mañana, 8 de mayo, la Sala de Apelaciones de Ica decidirá si rectifica la absolución de los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde de Espinar, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, expresidente y exvicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Ellos fueron absueltos en primera instancia en julio de 2017 por el Primer Juzgado Unipersonal de Ica al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito.

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos.

La población de Siria ya ha soportado seis años de devastadores ataques, incluidos ataques con armas químicas, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Deben tomarse todas las precauciones para reducir al mínimo el riesgo de causar daños a la población civil en cualquier acción militar. La población, que ya vive con miedo a perder la vida en ataques ilegítimos, no debe ser castigada además por presuntas violaciones del gobierno sirio.

SANTIAGO, 4 abr 2018 (IPS) - Cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó la ley de aborto en tres causales el año pasado, se incluyó también una norma de “objeción de conciencia”. Esta permite que una persona no esté obligada a cumplir una ley, porque hacerlo resulta contradictorio con sus convicciones o creencias. En el caso del aborto, se permite que el/la profesional decida no practicar abortos, si cree que hacerlo atenta contra sus creencias religiosas o morales, debiendo entonces derivar a la mujer o niña a un/a profesional no objetor/a.  

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

México vivió tiempos muy duros hace tres meses, cuando se vio sacudido por un terremoto que, además de ser el segundo en un mes, fue el más letal que el país ha debido afrontar en 30 años. Los terremotos de septiembre de 2017 dejaron cientos de personas muertas y causaron graves daños en las comunidades más cercanas a los epicentros. Durante ese mes, la población mexicana salió a ayudar a sus compatriotas, orgullosa de su lado más humano, e incluso cosechó reconocimiento internacional por el altruismo y las acciones heroicas de sus civiles.

¿Qué siente una persona que pasa hambre día tras día? ¿Qué siente cuando no hay comida ni medicinas que dar a unos hijos enfermos? ¿Cuando hay que usar agua contaminada para la comida? ¿Qué siente al pasar noches interminables bajo las bombas, aterrorizada por la vida de su familia y la suya propia? ¿Cómo se siente al ver arder su casa y ver desaparecer su querida ciudad bajo un cúmulo infinito de escombros? No puedo evitar hacerme todas estas preguntas a diario, cuando hablo con la población atrapada en región siria de la Guta oriental.

Representantes de la organización estarán presentes en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Comitiva peruana estará integrada por familiar de víctimas de Alberto Fujimori, y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional denunciará el indulto y la gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori. Organización resaltará la falta de atención a comunidades afectadas por metales tóxicos y la penalización del aborto para todas las causas.

Ante las noticias de la intensificación de la campaña de bombardeos del gobierno sirio y su aliada Rusia en la Guta oriental (gobernación de Damasco Rural) que en el último mes ha causado la muerte de decenas de personas y heridas a centenares, Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria, ha declarado: “El gobierno sirio, con el respaldo de Rusia, está atacando deliberadamente a su propia población en la Guta oriental. Las personas no sólo lleva seis años sufriendo un cruel asedio, sino que ahora están atrapadas en una oleada diaria de ataques que las están matando y mutilando deliberadamente y que constituyen crímenes de guerra flagrantes.