Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

“Legisladores de El Salvador tienen las manos manchadas de sangre después de negarse a siquiera discutir la reforma para despenalizar el aborto. Esta reforma, que se necesitaba desesperadamente, habría salvado la vida de incontables mujeres y niñas que corren peligro innecesariamente debido a la prohibición total del aborto. La oportunidad desperdiciada de poner fin a esta injusticia es un golpe terrible a los derechos humanos en El Salvador”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde que comenzó lo que se conoce como “guerra contra el terror”, Estados Unidos ha llevado a cabo cientos de ataques mortales con drones en al menos siete países (Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, Irak y Siria).  

Las autoridades brasileñas deben dar prioridad a la resolución de los asesinatos de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, y Anderson Gomes, su conductor, y llevar ante la justicia a todos los responsables; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de su muerte.

Los líderes regionales deben situar la protección de los derechos humanos en un lugar prioritario de su declaración final ante la VIII Cumbre de las Américas y tomar medidas urgentes para atenerse a dicho compromiso en sus respectivos países; así lo ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre que se celebra mañana en Lima (Perú).

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989).

e espera que el presidente Trump firme hoy una proclamación para enviar a la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México hasta que se construya un muro. Ayer, el presidente pidió también un nuevo empujón a la restricciones a la inmigración que haría más difícil solicitar protección en Estados Unidos.

En las protestas que comenzaron ayer en la Franja de Gaza han muerto 17 manifestantes palestinos y han resultado heridos centenares más, ante lo cual Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a su dura represión, a menudo letal, de las manifestaciones palestinas. La organización también pide que se inicien de inmediato investigaciones independientes y efectivas sobre las denuncias de que los soldados israelíes han utilizado ilegalmente armas de fuego contra manifestantes desarmados. Israel debe respetar el derecho a la vida y a manifestarse pacíficamente ante los temores de que continúe la represión contra las personas que se manifiestan exigiendo el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinos.

“Los testigos que hemos entrevistado, entre los que hay un profesor y un periodista, han descrito escenas de caos en Erbil y Dohuk mientras miembros de fuerzas de seguridad kurdas y particulares armados vestidos de civil hacían uso de la violencia para dispersar protestas pacíficas.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

El encarcelamiento continuado de la activista palestina adolescente Ahed Tamimi es un flagrante intento de intimidar a quienes se atreven a desafiar las circunstancias de la constante ocupación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que Ahed Tamimi haya sido condenada a una pena de ocho meses de prisión y a una multa de 5.000 séqueles (unos 1.400 dólares estadounidenses), con una pena condicional de tres años, tras llegar a un acuerdo para declararse culpable a cambio de esa pena en el tribunal militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Tras haberse difundido hoy la noticia de que la Asamblea Nacional Popular china ha aprobado la Ley de Supervisión, el director de Amnistía Internacional para el Asia Oriental, Nicholas Bequelin, ha declarado lo siguiente: “La nueva Ley de Supervisión constituye una amenaza, desde dentro del sistema, para los derechos humanos en China. Con ella, decenas de millones de personas quedan a merced de un sistema poco transparente, que prácticamente no rinde cuentas y que está por encima de la ley. Se deja a un lado a las instituciones judiciales, creando un nuevo sistema paralelo que gestiona exclusivamente por el Partido Comunista Chino, y que carece de mecanismos externos de control. Esta ley vacía de contenido el sistema judicial chino. En virtud de ella, quedan permitidas las detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos y sin necesidad de una verdadera supervisión, con lo que aumenta el peligro de tortura y de ‘confesiones’ forzadas.  

Amnistía Internacional lamenta el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortíz, hijo de Bernardo Cuero Bravo el día 19 de marzo de 2018 en la ciudad de Tumaco al sur de Colombia. Su hermano Silvio Dubán Ortíz también fue asesinado durante los hechos.

México vivió tiempos muy duros hace tres meses, cuando se vio sacudido por un terremoto que, además de ser el segundo en un mes, fue el más letal que el país ha debido afrontar en 30 años. Los terremotos de septiembre de 2017 dejaron cientos de personas muertas y causaron graves daños en las comunidades más cercanas a los epicentros. Durante ese mes, la población mexicana salió a ayudar a sus compatriotas, orgullosa de su lado más humano, e incluso cosechó reconocimiento internacional por el altruismo y las acciones heroicas de sus civiles.

Perú: Amnistía Internacional expresa su preocupación ante la ONU por las consecuencias que el indulto y el derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori tendrán sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las reparaciones