El Congreso Paraguayo ha deliberadamente puesto en riesgo la vida de 90 familias indígenas, dijo Amnistía Internacional tras la decisión mayoritaria de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de rechazar la expropiación de tierras ancestrales en favor de la comunidad indígena Yakye Axa.
La comunidad indígena sobrevive desde hace más de 10 años en condiciones inhumanas al costado de la ruta entre Pozo Colorado y Concepción. Sin acceso a sus tierras, se les niega la posibilidad de mantener actividades tradicionales de auto-suficiencia, como la caza, la pesca y la recogida de miel. Las medidas de asistencia brindadas por el Estado mientras permanecen fuera de sus tierras son insuficientes e irregulares.
El proyecto de ley sobre la expropiación de las tierras fue introducido al Congreso en 2008 por el Presidente Lugo, para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado paraguayo.
Este rechazo, aunque no sea vinculante, dificulta la eventual votación favorable del proyecto en la plenaria del Senado.
La decisión de la Comisión es simplemente inaceptable, dijo Louise Finer, investigadora sobre América del Sur de Amnistía Internacional. Con cada uno de esos votos, cada congresista está incumpliendo con la obligación internacional de defender los derechos de los pueblos indígenas.
"Será preocupante que la existencia de intereses económicos poderosos pudiese constituir un obstáculo para la protección de los derechos de los sectores más marginados de la sociedad paraguaya", dijo Louise Finer. "Ya ha pasado un año desde el vencimiento del plazo que la Corte Interamericana brindó al estado para devolver las tierras y no se ha podido lograr ningún avance todavía."
Amnistía Internacional llamó al Estado paraguayo en su conjunto a tomar en serio su compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas, buscando una solución eficaz y eficiente al cumplimiento tardío de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Información adicionalEl derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de tierra está claramente consagrado en la Constitución paraguaya (Artículo 64) y en instrumentos internacionales suscritos por el Estado paraguayo.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en 2005, obliga al Estado Paraguayo a restituir a la comunidad Yakye Axa una extensión de tierras que garantice el mantenimiento y desarrollo de su propio modo de vida. La Corte Interamericana explicó claramente que la expropiación de estas tierras sería una restricción legítima al derecho de propiedad privada en casos como éste.
El Estado paraguayo dijo en el tramite ante la Corte Interamericana que, de acuerdo a su legislación interna, existen dos maneras posibles de devolver las tierras ancestrales a las comunidades:
1) negociando directamente con quienes tienen título de propiedad y comprándole a ellos las tierras, o si eso fracasa;
2) expropiar las tierras por causas de utilidad pública y pagar una justa indemnización a quien tuviere el título de propiedad de la tierra.
Además, la Corte dictó otra sentencia en materia de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay, sobre la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Esta comunidad vive en una situación similar a la de Yakye Axa, a la espera del cumplimiento del Estado con la restitución de sus tierras ancestrales entre otras órdenes de la Corte. Para este efecto, la Procuraduría se ha hecho cargo de la negociación con la persona que actualmente tiene posesión de las tierras para lograr que se le devuelva a la comunidad. Hasta la fecha no se ha visto ningún resultado de este proceso.