Óscar Mollohuanca,
abandonó el 13 de junio el penal Cachiche en Ica. El martes 12 de junio una sala superior de la Corte de Ica ordenó anular su internamiento, que duró 10 días. Se espera que el juicio en su contra continúe dentro del marco del debido proceso y con plenas garantías a su seguridad e integridad. Mollohuanca señaló que agradecía a todas las personas y "las entidades de derechos humanos que han hecho una fuerte campaña por mi libertad (...) gracias por ello y gracias por todo ese esfuerzo".
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El alcalde de la localidad de Espinar, en el sur de Perú, permanece detenido desde el 30 de mayo. Se arriesga a sufrir malos tratos y podría enfrentarse a un juicio injusto. Según las ONG locales de derechos humanos, el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, fue detenido el 30 de mayo en el edificio de la municipalidad por al menos 30 agentes de policía, que no mostraron orden de detención alguna y no dijeron por qué motivo lo detenían. Lo llevaron durante unas horas a una comisaría de policía en el campamento minero de Tintaya Marquiri, y luego lo trasladaron en helicóptero a la capital de la provincia, Cuzco. Al día siguiente, al anochecer, lo trasladaron a la región de Ica, en el norte del país, donde, tras un cambio de jurisdicción, se examinará su caso. Las ONG locales temen que esta detención pueda formar parte de una campaña para estigmatizar al alcalde, que había criticado públicamente el acuerdo actual entre el gobierno y la empresa minera que actúa en la zona. Otras 25 personas han sido detenidas desde el 28 de mayo en Espinar, tras violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes durante las protestas por las operaciones mineras en la zona. Todas ellas se encuentran ahora en libertad condicional, sometidas a investigación. La mayoría afirman haber sido golpeadas por la policía. Entre los 25 detenidos se encontraban dos miembros de la ONG de derechos humanos Vicaría de Solidaridad de Sicuani -Jaime Cesar Borda Pari y Romualdo Tito Pinto- y un líder comunitario -Sergio Huamani-, detenidos el 28 de mayo en el exterior del campamento Tintaya Marquiri por unos policías que dijeron haber encontrado 10 municiones de armas de fuego en el vehículo de la ONG. Jaime Cesar Borda Pari y Romualdo Tito Pinto habían acudido al campamento minero junto con otros dos miembros de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, un fiscal local y Sergio Huamani para evaluar la situación de las personas detenidas allí por la policía. Quedaron en libertad el 30 de mayo, pero siguen sometidos a investigación en relación con las pruebas que, según afirman, fueron colocadas por la policía.
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Según las ONG locales, los violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes por las operaciones mineras en la región de Espinar han causado la muerte de al menos dos personas y heridas a decenas más, entre ellas al menos 30 policías. El 28 de mayo, el presidente declaró el estado de emergencia durante 30 días. Yo junto con Amnistía Internacional sentimos preocupación por los abusos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estos defensores y defensoras son agentes fundamentales para la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Trabajan sobre una amplia variedad de cuestiones y por diversas vías y en diversos ámbitos para buscar justicia, dignidad y derechos humanos para todas las personas. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, merecen pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. El Estado tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para protegerlos, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998. Insto a las autoridades a garantizar que se respete el proceso debido en las actuaciones judiciales contra Oscar Mollohuanca; exijo garantizar que Oscar Mollohuanca no sufra malos tratos mientras permanece detenido y que sea acusado de un delito común reconocible como tal o, de lo contrario, puesto en libertad. Ruego investigar las denuncias según las cuales se ha detenido arbitrariamente y sometido a malos tratos a personas en Espinar, y a llevar a los responsables ante la justicia, en especial a investigar la legalidad del registro y la detención de Jaime Cesar Borda Pari, Romualdo Tito Pinto y Sergio Huamani. Atentamente,
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Según las ONG locales, los violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes por las operaciones mineras en la región de Espinar han causado la muerte de al menos dos personas y heridas a decenas más, entre ellas al menos 30 policías. El 28 de mayo, el presidente declaró el estado de emergencia durante 30 días. Las ONG locales han manifestado su preocupación por el hecho de que el estado de emergencia se ha utilizado para detener indiscriminadamente a personas y para impedir que se proporcione atención médica adecuada a personas heridas. Según una declaración pública del ministro del Interior, entre los detenidos se encontraba el dirigente de la organización Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar, Herbert Huamán, que lideraba la protesta. Según dicha declaración, Herbert Huamán fue detenido cerca del hospital local mientras trataba de organizar nuevas manifestaciones. En Perú, en los últimos años, ha habido protestas frecuentes contra el impacto social y medioambiental de los proyectos de desarrollo en gran escala. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la respuesta del Estado a esas protestas. Aunque la organización reconoce que el Estado tiene el derecho y la obligación de mantener el orden público, también manifiesta que debe hacerlo de acuerdo con los principios de derechos humanos. En el pasado, ha habido preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como por las violaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las comunidades marginadas sin apenas acceso a mecanismos formales para participar y para expresar su preocupación utilizan las protestas callejeras como vía para hacer oír sus voces en los pasillos del poder y para manifestar su solidaridad con otras personas que se enfrentan a dificultades similares. Los Estados deben abstenerse de reprimir las protestas o de utilizar procedimientos penales infundados contra manifestantes, ya que eso afecta de manera especialmente aguda a la capacidad de estas personas para conseguir que se respeten sus derechos. Amnistía Internacional siente preocupación por los abusos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estos defensores y defensoras son agentes fundamentales para la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Trabajan sobre una amplia variedad de cuestiones y por diversas vías y en diversos ámbitos para buscar justicia, dignidad y derechos humanos para todas las personas. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, merecen pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. El Estado tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para protegerlos, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998.