El anuncio por parte de las autoridades de migraciones que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen al Perú luego del día 31 de octubre de 2018 no podrán acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) es un duro golpe para muchas de ellas que son forzadas a migrar debido a la violencia, la inseguridad y la falta de alimentos y medicinas en su país. Esta medida además aumentó la demanda de flujo migratorio en frontera y complicó la atención de solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes en los últimos días.
“Con esta medida, Perú está dando la espalda a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Venezuela. El presidente Vizcarra debería implementar medidas para favorecer la acogida de las personas migrantes y la comunidad internacional debería apoyar a Perú en este esfuerzo”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La organización recuerda al Estado peruano que tiene el deber de asumir su responsabilidad colectiva, junto con otros estados de la región, para proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela producto de las violaciones masivas de derechos humanos. Ante la migración de un número sin precedentes de personas es necesario que las autoridades peruanas tomen medidas para garantizar estándares mínimos de legalidad y accesibilidad que permitan a la población venezolana acceder a servicios públicos y derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación, en particular acceso a la salud, educación, la libertad de circulación, derecho a la unidad familiar, y al derecho al trabajo.
La organización resalta que el Estado peruano tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las comunidades de recepción, promover una integración pacífica y apoyar el fortalecimiento socio-económico de las comunidades locales donde se establezcan personas migrantes y refugiadas.
Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas se ven obligadas a huir del país debido a una situación de violaciones masivas de DDHH. En el caso venezolano, además de la falta de acceso a la alimentación y a la salud, la situación de inseguridad es alarmante. Información recabada por ACNUR en Lima, Perú, el país con mayor número de solicitudes de asilo de personas venezolanas, indica que la inseguridad (56%) y violencia generalizada (20%) son las principales razones para abandonar el país de las personas encuestadas en la capital peruana (a junio de 2018).
Según últimos informes de la organización, durante el 2017 al menos el 95% de las víctimas de homicidios – tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad – fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.
Se calcula que 2,3 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años, según la ONU. En Perú se estima la presencia de más de 400 mil personas venezolanas. Ya la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se ha posicionado sobre esta situación afirmando que una proporción considerable de estas personas necesita protección internacional. Todas las personas de Venezuela tienen derecho a pedir asilo y recibir un procedimiento justo y rápido.