Entre el 12 y el 24 de junio de 2009 una delegación de Amnistía Internacional realizó una misión de investigación de dos semanas a Perú. La delegación estuvo compuesta por Susan Lee, directora del Programa para América; Fernanda Doz Costa, investigadora sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América; Nuria García, investigadora para Perú; y Lucile Robinson, encargada de Campañas para Perú.
Desde hace un año, Amnistía Internacional ha venido siguiendo con gran preocupación los acontecimientos relacionados con las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que reclaman su derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a la serie de decretos ley aprobados en junio de 2008. Tras los graves abusos a los derechos humanos ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Amazonía, la organización realizó una visita extraordinaria a Lima y a la zona de Bagua, para constatar in situ las denuncias recibidas sobre tales violaciones.
Durante esta visita la delegación mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones indígenas, incluida la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Amnistía Internacional se reunió además con algunos de los familiares de los 23 policías muertos, así como con familiares y personas que fueron víctima de violaciones de derechos humanos tanto de Bagua y Utcubamba, como de varias comunidades indígenas que participaron en el bloqueo de la llamada Curva del Diablo, en la carretera "Fernando Belaúnde Terry", y en la toma de la Estación No. 6, en Imaza. La delegación visitó también al líder indígena Awajún Santiago Manuin, quien hasta la fecha se encuentra en el hospital Las Mercedes en Chiclayo, recuperándose de un impacto de bala recibido el 5 de junio durante el desalojo de la carretera.
Durante esta misión, Amnistía Internacional sostuvo asimismo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros; con el presidente ejecutivo y funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); con miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; con funcionarios de la Fiscalía de la Nación; y con la defensora del pueblo, Beatriz Merino Lucero. La delegación solicitó también reuniones con el presidente de la República, Alan García, y con el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, las cuales no fueron otorgadas. Amnistía Internacional está decepcionada por no haber podido mantener estas entrevistas con los dos más altos funcionarios del Perú y espera que esto no sea indicativo de la seriedad con que el Gobierno toma los graves hechos sucedidos el 5 de junio.
Amnistía Internacional lamenta la muerte de 23 efectivos de la policía y 10 ciudadanos, entre indígenas y pobladores de Bagua. La organización lamenta asimismo que el mayor de la policía, Felipe Bazán, siga en paradero desconocido, y el hecho de que 11 de los agentes de la policía murieran en estado de indefensión en la Estación No. 6.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y la obligación del Estado de mantener el orden público y restablecerlo cuando sea necesario. Sin embargo, la organización recuerda a las autoridades que toda acción de las fuerzas del orden debe realizarse dentro del marco de la ley y la protección de los derechos humanos.
Durante la visita de Amnistía Internacional a Perú, la organización ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden, tanto en el tramo de la carretera entre la Curva del Diablo y la Balanza, como en el Reposo, y en Bagua y Utcubamba. Amnistía Internacional ha podido corroborar maltrato a personas indefensas, incluso a personas heridas que se encontraban en ambulancias, y el uso de armas de fuego de forma indiscriminada y desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas.
En el caso de Bagua y Utcubamba, el uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego se llevó a cabo en contra de personas indefensas.
Según informes, 200 personas heridas durante los hechos del 5 de junio fueron atendidas en diversos establecimientos de salud. De acuerdo a los informes médicos, 82 resultaron heridas por arma de fuego, 41 presentaban contusiones y 22, contusiones o quemaduras por gases lacrimógenos. De acuerdo a la información recibida por Amnistía Internacional, por temor a las represalias, algunas personas indígenas regresaron a sus comunidades sin recibir atención médica por lo que el número de heridos sería aún mayor.
Lo mas trágico de estos lamentables sucesos es que a juicio de Amnistía Internacional estos hechos eran predecibles y prevenibles.
El Estado peruano tiene una gran responsabilidad tanto con los pueblos indígenas y los pobladores de Bagua, como con los policías. Es lamentable que 33 personas, entre policías, indígenas y pobladores de Bagua, hayan tenido que morir antes de que el Estado peruano tome en serio sus obligaciones y escuche las legítimas demandas de los pueblos indígenas.
El Estado tiene una gran responsabilidad por lo sucedido, por no haber hecho la consulta necesaria y obligatoria bajo el derecho internacional, con aquellos pueblos indígenas cuyos derechos se verían afectados, antes de dictar la serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica que fueron la causa principal de las protestas que se iniciaron el año pasado.
Lo único positivo que ha surgido tras los tristes sucesos del 5 de junio es que el Gobierno admite ahora haber reconocido su obligación a realizar una consulta previa, libre, e informada y de buena fe con los pueblos indígenas. El Gobierno debe ahora garantizar que dicha consulta se realiza a través de los representantes de los pueblos indígenas libremente elegidos por ellos, de acuerdo a sus costumbres.
Para que este proceso de diálogo que se ha iniciado tenga resultados que sean aceptados por los pueblos indígenas es importante que se garantice la participación de sus líderes legítimos. En este sentido, Amnistía Internacional ve con preocupación la naturaleza de los cargos presentados contra varios dirigentes indígenas que en la opinión de la organización son desproporcionados, no sustentados y podrían ser políticamente motivados. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a revisar dichos cargos.
Asimismo, es esencial para construir la confianza necesaria para que este proceso de consulta sea fructífero y exitoso, que se realice una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, que sea vista como tal por toda la población. Esta investigación debe estar encauzada a esclarecer todos los hechos y establecer todas las responsabilidades.
El Estado debe garantizar asimismo una adecuada reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Se debe además continuar con los esfuerzos para esclarecer el paradero del mayor Felipe Bazán e investigar cualquier denuncia que pudiera recibirse sobre posibles desapariciones.
Los derechos de todas las personas detenidas o procesadas deben ser garantizados, incluido su derecho a un proceso justo y a condiciones de detención adecuadas. Preocupa a Amnistía Internacional la situación de las 15 personas recluidas en el penal de máxima seguridad Huancas de Chachapoyas y la forma como éstas habrían sido trasladadas a este centro de reclusión sin la autorización de un juez. La distancia al penal de Chachapoyas dificultaría además el acceso de los detenidos a sus familiares y representantes legales.
Amnistía Internacional ha recibido además con preocupación informes sobre presencia de militares en instalaciones civiles en la comunidad nativa de Santa María de Nieva. Esta situación no solo es irregular sino que no contribuye a crear un clima de calma y confianza que contribuya al diálogo.
Amnistía Internacional opina que el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y las cuatro mesas de diálogo que fueron establecidas por el anterior primer ministro Yehude Simon Munaro son un primer paso positivo. La organización seguirá con atención este proceso en la esperanza de que las recomendaciones y propuestas que surjan de dichas mesas sean tomadas con seriedad por parte del Gobierno.
La organización de derechos humanos solicita asimismo al Estado que se suspendan los decretos ley cuestionados hasta que se haya establecido un proceso de consulta que se adecue a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Como muestra de buena fe el Gobierno debería además no dar más concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales y suspender las concesiones ya otorgadas en áreas que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas.