Perú: Un paso más hacia la consolidación de la impunidad
Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la Ley 32735 que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles.
La referida ley, promulgada el 20 de julio, modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, y podría trasladar o detener investigaciones y procesos judiciales que ya están en curso, incluso algunos que cuentan con una condena en primera instancia.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni conocer posibles violaciones de derechos humanos o crímenes del derecho internacional. Su competencia debe limitarse estrictamente a infracciones de carácter militar cometidas por personal militar en el ejercicio de funciones propiamente castrenses.
Esto lo ha señalado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias relacionadas con el Perú. Derivar estas causas a la justicia militar pone en riesgo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener reparación.
“Esta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendición de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares, y pretende reflotar desde los más profundos abismos, la política de impunidad que por décadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano”, señaló Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Perú.
La promulgación de la ley resulta más alarmante en un contexto de debilitamiento de las instituciones, de ataques a los órganos de la administración de justicia, y de la persistencia de un patrón de uso indebido, y en algunos casos letal, de la fuerza del Estado frente a movilizaciones, operativos o simples intervenciones policiales, como Amnistía Internacional documentó en 2023 y 2024.
La represión estatal registrada en esos años dejó al menos 50 personas muertas; a ellos se suman, por ejemplo, denuncias recientes sobre el fallecimiento de un adolescente de 17 años que habría ocurrido bajo custodia policial, y el fallecimiento de un niño de 8 años que, según la información disponible, ocurrió en el contexto de una intervención policial. Por ello, resulta sumamente preocupante que sea la jurisdicción castrense el espacio donde estos casos sean investigados y sancionados.
La intervención de la justicia militar en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual o uso indebido de la fuerza impide garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así lo han sostenido el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposición que irrespete los derechos de las víctimas. En su lugar, las autoridades están aprobando legislación que retrocede en la protección a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia”, concluyó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la Ley 32735 que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles.
La referida ley, promulgada el 20 de julio, modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, y podría trasladar o detener investigaciones y procesos judiciales que ya están en curso, incluso algunos que cuentan con una condena en primera instancia.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni conocer posibles violaciones de derechos humanos o crímenes del derecho internacional. Su competencia debe limitarse estrictamente a infracciones de carácter militar cometidas por personal militar en el ejercicio de funciones propiamente castrenses.
Esto lo ha señalado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias relacionadas con el Perú. Derivar estas causas a la justicia militar pone en riesgo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener reparación.
“Esta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendición de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares, y pretende reflotar desde los más profundos abismos, la política de impunidad que por décadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano”, señaló Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Perú.
La promulgación de la ley resulta más alarmante en un contexto de debilitamiento de las instituciones, de ataques a los órganos de la administración de justicia, y de la persistencia de un patrón de uso indebido, y en algunos casos letal, de la fuerza del Estado frente a movilizaciones, operativos o simples intervenciones policiales, como Amnistía Internacional documentó en 2023 y 2024.
La represión estatal registrada en esos años dejó al menos 50 personas muertas; a ellos se suman, por ejemplo, denuncias recientes sobre el fallecimiento de un adolescente de 17 años que habría ocurrido bajo custodia policial, y el fallecimiento de un niño de 8 años que, según la información disponible, ocurrió en el contexto de una intervención policial. Por ello, resulta sumamente preocupante que sea la jurisdicción castrense el espacio donde estos casos sean investigados y sancionados.
La intervención de la justicia militar en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual o uso indebido de la fuerza impide garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así lo han sostenido el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposición que irrespete los derechos de las víctimas. En su lugar, las autoridades están aprobando legislación que retrocede en la protección a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia”, concluyó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.