Al cumplirse 12 años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los avances para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas siguen siendo lentos.

Amnistía Internacional llama a las autoridades peruanas a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en particular, que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos; así como garantizar que estos hechos no se repitan.

Necesidad de búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado interno

Esta fecha es importante porque permite hacer un llamado sobre la falta de acciones del gobierno peruano para reconocer las competencias del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, órgano fundamental en la búsqueda de justicia para los familiares y víctimas de esta práctica inadmisible bajo cualquier punto de vista.

En junio de este año una misión de la ONU destacó la falta de una cifra exacta de personas desaparecidas, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, las limitadas exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas y la ausencia de un banco de datos genéticos.

"Es lamentable que luego de más de 30 años aún hayan casos de personas que no conocen el paradero de sus familiares. Se necesita un compromiso del gobierno para que se logren avances en la búsqueda de los más de 15 mil desaparecidos que se calculan en el Perú", declaró Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.

Sensación de impunidad

Amnistía Internacional también muestra su preocupación por la demora en los procesos judiciales en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Han pasado 30 años desde los hechos ocurridos en Accomarca y el proceso judicial se encuentra en la recta final. 69 personas, entre ellas 23 menores de edad, fueron asesinadas por una patrulla del ejército. La justicia peruana tiene la oportunidad de demostrar que puede acabar con la impunidad al sentenciar a los responsables.

En 1989 Amnistía Internacional exigió a las autoridades de ese entonces que se esclareciera el caso del periodista Hugo Bustíos. Adicionalmente, en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano "realizar de inmediato, una nueva investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos denunciados a fin de identificar a los autores responsables de la ejecución de Hugo Bustíos Saavedra y del delito de lesiones causadas a Eduardo Rojas Arce

Consideramos que es crucial que el proceso judicial en curso sobre el caso Bustíos sea imparcial e independiente. Todo alegato de violaciones a los derechos humanos deber ser investigado minuciosamente y aquellas personas sospechosas de responsabilidad penal deben ser llevadas ante la justicia y las víctimas o sus familiares deben recibir reparación sin distinción de ningún tipo.

Para que nunca más se repita el pasado, Amnistía Internacional considera esencial que el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sea ampliamente reconocido y difundido, y que las autoridades peruanas implementen plenamente todas las recomendaciones del Informe Final y, en particular, que el Estado cumpla con sus obligaciones en los siguientes ámbitos:

• Implementar sin dilación programas dirigidos a luchar contra la marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante el conflicto interno armado.
• Cumplir con el deber de brindar verdad y justicia.
• Cumplir con el deber de reparar.