• Luego de más de 18 años se desconoce el número real de víctimas de esterilizaciones sin consentimiento.
• Mayoría de víctimas fueron mujeres campesinas de bajos recursos.
• Amnistía Internacional lanza campaña mundial para exigir un registro de víctimas de esterilizaciones sin consentimiento en Perú.

El estado peruano debe garantizar justicia y reparaciones para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. Sin embargo, no se conoce con exactitud el número de mujeres que fueron operadas sin su consentimiento."El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones," dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional."Es imperativo que las autoridades comiencen a remediar estos terribles abusos de manera urgente. Crear un registro de todas las mujeres que sufrieron este flagelo e iniciar investigaciones sobre la cadena de responsabilidad serían buenos primeros pasos."Las esterilizaciones sin consentimiento previo e informado constituyen una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Tanto sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados contra su voluntad, con engaños, amenazas e información falsa."Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas," dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.El hecho de que la mayoría de estas mujeres fueran indígenas y vivieran en condiciones de pobreza o de pobreza extrema es una clara indicación de las numerosas formas de discriminación que las mujeres indígenas han sufrido históricamente en Perú.Es obligación del Estado garantizar los derechos humanos de todas las persona, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación basada en el género, la raza o la situación económica. El Estado también tiene la obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares suyos que se hayan visto afectados por esta práctica."En estos casos se han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación. En algunos casos incluso se ha violado el derecho a la vida. El consentimiento informado para decisiones tan personales como una esterilización de carácter definitivo, forma parte de la autonomía de cada persona protegida por los tratados internacionales de derechos humanos," dijo Marina Navarro.Amnistía Internacional ha lanzado la campaña internacional "Contra Su Voluntad: un registro, miles de historias" por medio de la que se recogerán firmas para llamar la atención sobre esta problemática.Además, como parte de la campaña, la organización publicó un video realizado por 'Proyecto Quipu' con testimonios de la señora Teódula Pusma y la señora Esperanza Huayama, víctimas de esterilizaciones sin consentimiento de la provincia de Huancabamba en Piura. Estos relatos demuestran la forma en que las mujeres fueron engañadas y operadas sin que tuvieran conocimiento de la afectación que esto produciría.Esperanza, una mujer de 59 años, de la provincia de Huancabamba, en la sierra norte de Perú, fue esterilizada forzosamente. "Como las mujeres campesinas hemos sido analfabetas ellos han hecho lo que han querido", manifestó.Para más información:www.contrasuvoluntad.pe