Las autoridades peruanas deben garantizar que se llevan a cabo sin demora investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre la muerte de dos hombres, ocurridas en las dos últimas semanas durante las operaciones policiales en las protestas contra un proyecto minero en el sur del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
En el caso más reciente, Henry Checlla Chura, de 35 años, murió a primeras horas del 5 de mayo cuando la policía, al parecer, abrió fuego contra manifestantes que bloqueaban una carretera en la zona de Alto Inclán, en Mollendo. Los enfrentamientos se saldaron además con decenas de manifestantes y policías heridos.Su muerte vino precedida, el 22 de abril, por enfrentamientos con la policía en el cercano Cocachacra, en los que Victoriano Huayna Nina, de 61 años, murió por disparos y otras 13 personas, entre ellas dos policías, resultaron heridas."El hecho de que dos personas hayan muerto en la situación de agitación social que vive el sur de Perú enciende las alarmas sobre la actuación policial en las protestas que están teniendo lugar. Estos homicidios deben ser investigados de manera inmediata, independiente e imparcial, y todos los agentes de policía de los que se sospeche que han cometido un delito deben comparecer a juicio", ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional."El uso de fuerza excesiva para sofocar las protestas es inaceptable. La gente debe poder ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión."Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía sólo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas.Si algunos grupos de manifestantes llevan a cabo actos violentos, la policía no debe utilizar esos actos de unos pocos como motivo para sofocar el derecho de reunión pacífica de la mayoría, y debe garantizar, en la medida de lo posible, que quienes protestan pacíficamente pueden seguir haciéndolo.Las protestas que están teniendo lugar en la provincia de Islay, en el sur de Perú, están motivadas por el proyecto de mina de cobre de Tía María, supervisado por la Southern Copper Corporation, empresa con sede en Arizona, Estados Unidos. La reciente escalada de las tensiones ha dado lugar a un elevado número de heridos en las protestas, entre ellos decenas de policías.Recientemente ha circulado en las redes sociales un inquietante vídeo en el que se ve a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) colocando "pruebas" en un intento de difamar a algunos de los manifestantes.Patrón de uso excesivo de la fuerzaAmnistía Internacional ya ha destacado anteriormente ante las autoridades peruanas el uso reiterado, por parte de la PNP, de fuerza excesiva contra manifestantes, a menudo con consecuencias mortales. En los últimos cuatro años, casi 40 personas han muerto en circunstancias en las que parece que la policía ha utilizado fuerza excesiva.La inmensa mayoría de estos casos aún no se ha investigado. El 29 de abril, en respuesta a una carta enviada por Amnistía Internacional en enero de este año, el Ministerio Público peruano declaró que sólo había dos investigaciones abiertas sobre la muerte de dos personas presuntamente causada por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas anteriores. Esto abarca sólo una persona de la lista de casi 40 nombres que Amnistía Internacional envió al Ministerio Público."Esta impunidad debe cesar. El llevar una placa de policía no otorga a los agentes licencia para matar a voluntad; al contrario, les asigna la enorme responsabilidad de defender y respetar la ley y proteger los derechos humanos. Las autoridades peruanas deben cumplir estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y deben investigar todos los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para transmitir un mensaje que indique claramente que esa violencia es inaceptable", ha manifestado Guadalupe Marengo.
En el caso más reciente, Henry Checlla Chura, de 35 años, murió a primeras horas del 5 de mayo cuando la policía, al parecer, abrió fuego contra manifestantes que bloqueaban una carretera en la zona de Alto Inclán, en Mollendo. Los enfrentamientos se saldaron además con decenas de manifestantes y policías heridos.Su muerte vino precedida, el 22 de abril, por enfrentamientos con la policía en el cercano Cocachacra, en los que Victoriano Huayna Nina, de 61 años, murió por disparos y otras 13 personas, entre ellas dos policías, resultaron heridas."El hecho de que dos personas hayan muerto en la situación de agitación social que vive el sur de Perú enciende las alarmas sobre la actuación policial en las protestas que están teniendo lugar. Estos homicidios deben ser investigados de manera inmediata, independiente e imparcial, y todos los agentes de policía de los que se sospeche que han cometido un delito deben comparecer a juicio", ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional."El uso de fuerza excesiva para sofocar las protestas es inaceptable. La gente debe poder ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión."Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía sólo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas.Si algunos grupos de manifestantes llevan a cabo actos violentos, la policía no debe utilizar esos actos de unos pocos como motivo para sofocar el derecho de reunión pacífica de la mayoría, y debe garantizar, en la medida de lo posible, que quienes protestan pacíficamente pueden seguir haciéndolo.Las protestas que están teniendo lugar en la provincia de Islay, en el sur de Perú, están motivadas por el proyecto de mina de cobre de Tía María, supervisado por la Southern Copper Corporation, empresa con sede en Arizona, Estados Unidos. La reciente escalada de las tensiones ha dado lugar a un elevado número de heridos en las protestas, entre ellos decenas de policías.Recientemente ha circulado en las redes sociales un inquietante vídeo en el que se ve a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) colocando "pruebas" en un intento de difamar a algunos de los manifestantes.Patrón de uso excesivo de la fuerzaAmnistía Internacional ya ha destacado anteriormente ante las autoridades peruanas el uso reiterado, por parte de la PNP, de fuerza excesiva contra manifestantes, a menudo con consecuencias mortales. En los últimos cuatro años, casi 40 personas han muerto en circunstancias en las que parece que la policía ha utilizado fuerza excesiva.La inmensa mayoría de estos casos aún no se ha investigado. El 29 de abril, en respuesta a una carta enviada por Amnistía Internacional en enero de este año, el Ministerio Público peruano declaró que sólo había dos investigaciones abiertas sobre la muerte de dos personas presuntamente causada por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas anteriores. Esto abarca sólo una persona de la lista de casi 40 nombres que Amnistía Internacional envió al Ministerio Público."Esta impunidad debe cesar. El llevar una placa de policía no otorga a los agentes licencia para matar a voluntad; al contrario, les asigna la enorme responsabilidad de defender y respetar la ley y proteger los derechos humanos. Las autoridades peruanas deben cumplir estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y deben investigar todos los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para transmitir un mensaje que indique claramente que esa violencia es inaceptable", ha manifestado Guadalupe Marengo.