• Luego de más de 18 años el Estado peruano no tiene una cifra exacta sobre la cantidad de mujeres que fueron vulneradas.
• Amnistía Internacional lanza la campaña "Contra su voluntad" para llamar la atención al actual gobierno sobre promesa incumplida a mujeres afectadas por esterilizaciones.
• Ministerio Público tiene plazo hasta agosto para investigar y decidir si reabre el caso de 2074 denuncias presentadas.
Amnistía Internacional ha tomado el caso de las esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa en el Perú como una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres a los largo del país. Tanto sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados, contra su voluntad, con engaños y con información falsa bajo la premisa de reducir la pobreza.
La organización exige al gobierno peruano que facilite y otorgue recursos para el diseño, investigación e implementación de un registro único de víctimas de esterilización forzada. Además se deben garantizar las condiciones para que las mujeres afectadas e identificadas logren obtener justicia y se les otorgue una reparación integral adecuada.
Por este motivo se presenta la campaña 'Contra su voluntad: un registro único, miles de historias', que busca motivar a los ciudadanos y ciudadanas del Perú para que exijan al gobierno verdad, justicia y reparación, para solidarizarse con las mujeres que sufrieron esta vulneración a sus derechos. Esta iniciativa será apoyada por las diversas oficinas de Amnistía Internacional en diversos países del mundo.
"Desde Amnistía Internacional consideramos un hecho terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas en su mayoría mujeres que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos", afirmó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
En un discurso con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el año 2012, el Presidente de la República se manifestó sobre este caso con las siguientes palabras: "Las esterilizaciones forzadas son de las formas más salvajes de violentar a una mujer, no podemos permitir que alguien decida por una mujer, su destino y el destino de sus hijos". Por este motivo creemos que, a un año de terminar su mandato de gobierno, debe dar pronta atención al reclamo de las víctimas de este hecho.
18 años de impunidad.
El 10 de mayo de este año, el Ministerio Público reabrió la investigación sobre las denuncias de 2,074 mujeres que indican haber sido esterilizadas de manera forzada, a ellos les corresponde investigar, valorar eficazmente los testimonios de las mujeres y tomar la decisión sobre si continúa con el caso o lo archiva definitivamente. El plazo de tres meses se vence a inicios de agosto.
Amnistía Internacional considera que esta investigación debe revisarse de manera eficaz e imparcial para poder contar con toda la información sobre estos miles de casos. Existen amplios indicios de que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado
La mayoría de víctimas son mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada -de manera crónica e irreversible- como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.
Sin embargo, hay un problema mayor: la evidencia apunta a que las 2,074 víctimas incluidas en la investigación fiscal preliminar, representarían sólo una pequeña parte del total de mujeres afectadas durante esos años.
Lima, 23 de julio del 2015