"El anuncio por parte del gobierno de Perú de la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada en el país es un paso positivo que debe abrir la puerta al desarrollo de una política integral de reparaciones", dijo hoy Amnistía Internacional. Después de más de 18 años el estado Peruano dicta medidas para reconocer que existieron víctimas de esterilizaciones forzadas en el marco de la política pública de planificación familiar que se implementó a finales de los años noventa."El anuncio de la implementación del registro único de víctimas de esterilizaciones forzadas es un primer paso para que el Estado Peruano se encargue de brindar reparaciones a las miles de mujeres que denunciaron esta grave violación a los derechos humanos" dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú.Como parte de la campaña "Contra su voluntad: un registro, miles de historias", la organización exigía la creación de un registro único de víctimas con firmas recogidas a nivel mundial.Este registro debe identificar a todas las personas víctimas y garantizar no solo el acceso a la justicia, sino también el derecho a una reparación integral. El Estado tiene el deber de ofrecer una reparación que incluya al menos restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición."Estaremos atentos a la implementación de este registro y esperamos que las autoridades competentes creen un mecanismo inclusivo que recoja la opinión de las asociaciones de mujeres víctimas y de la sociedad civil organizada".Para Amnistía Internacional las esterilizaciones forzadas constituyen una grave violación a los derechos humanos pues se vulneran los derechos a decidir de manera libre e informada sobre el cuerpo y la salud.Recordemos que, según la Defensoría del Pueblo, se registraron más de 270 mil operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías. Además, han pasado más de 18 años y el Estado Peruano no tiene una cifra exacta de la cantidad de mujeres que fueron intervenidas contra su voluntad.La mayoría de víctimas fueron mujeres indígenas quechua hablantes de la sierra del Perú, hecho que demuestra la lamentable tradición de discriminación hacia las poblaciones vulnerables en América Latina.