Lima, 12 de agosto de 2022. Amnistía Internacional rechaza el Proyecto de Ley que modifica el DL 1350 de Migraciones y el Código Penal, ampliando las causales para la expulsión de personas extranjeras, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales. 

Bajo el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, esta iniciativa del Gobierno peruano añade causales para la expulsión del país de personas extranjeras, como el no portar documentación, contravenir las normas sanitarias, encontrarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso, entre otras. 

Amnistía Internacional reitera que la migración irregular no es un delito y rechaza cualquier iniciativa orientada a criminalizar o reforzar la estigmatización hacia la población migrante y refugiada en Perú. En ese sentido, advierte que propuestas normativas como el proyecto en cuestión, sumado a mensajes de autoridades con orientaciones discriminatorias y xenófobas, que persisten en vincular la migración con problemas de inseguridad y orden público, incrementan la estigmatización de las personas extranjeras, generando peligrosos discursos de odio hacia ellas.  

Según el documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “Migración y crimen en el Perú” (2022), no existe una relación de causalidad entre la migración y la inseguridad ciudadana, por lo que este proyecto, además de violar los derechos humanos, no contribuiría a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. 

“Desde Amnistía Internacional recomendamos al Estado peruano centrarse en impulsar un proceso de regularización ordenado y eficiente, que permita conocer las características de los flujos migratorios para implementar medidas adecuadas, fortaleciendo la integración de la población extranjera y garantizando su acceso a derechos fundamentales”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. 

La organización insta a las autoridades a rechazar categóricamente propuestas discriminatorias y a respetar los compromisos internacionales que Perú ha suscrito en materia de derechos humanos y políticas migratorias.