Lima, 7 de julio de 2021. Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes. En los últimos años, cinco millones de personas huyeron de su país. Perú tiene la mayor población de solicitantes de la condición de refugiado de Venezuela del mundo, con más de 482.000, y acoge a aproximadamente a un millón de personas de ese país, que enfrentan numerosos obstáculos por su condición migratoria.

En ese sentido, Amnistía Internacional saluda las recientes medidas que ha tomado el Estado peruano para regularizar a la población refugiada y migrante de Venezuela, las cuales representan un avance para su integración socioeconómica y disfrute de derechos humanos.

Con la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se da inicio al proceso de regularización a través del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). 

Asimismo, los Lineamientos para el otorgamiento y prórroga de Calidad Migratoria Humanitaria, aprobados por la Cancillería, reconoce que en el territorio hay un significativo número de personas extranjeras en situación de gran vulnerabilidad, y establece lineamientos que orienten el otorgamiento de la calidad migratoria humanitaria para este grupo de personas.

Instamos a las autoridades a implementar, sin demoras, ambos mecanismos, pues se trata de compromisos asumidos por el actual gobierno, de los cuales depende el acceso a derechos humanos básicos de miles de personas en extrema vulnerabilidad.

 “Una crisis humanitaria no se responde con más obstáculos. La principal herramienta es la protección y garantizar los derechos de las personas desplazadas. En ese sentido, los pasos que se han dado en las últimas semanas para proteger a las personas migrantes y refugiadas son muy importantes, y van en la línea de las obligaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos. Esperamos que entren en vigencia de manera inmediata”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.