Con ocasión del próximo debate del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2021 en el pleno del Congreso de la República, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar conjuntamente para asignar y asegurar una partida presupuestal y disponer las medidas administrativas que correspondan a fin de otorgarreparaciones integrales a las víctimas de represión policial y otras violaciones de derechos humanos.

Tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre, se produjeron en el país y, particularmente en Lima, una serie de manifestaciones en contra de la actuación del Congreso de la República. Las protestas se agudizaron el 10 de noviembre durante la asunción como presidente de la República del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, y continuaron hasta su renuncia el 15 de noviembre.

En ese contexto, Amnistía Internacional verificó que durante las manifestaciones se registraron incidentes en los que agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a estándares internacionales, incluyendo mediante el uso de disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, así como con golpes u otras formas de someter con violencia a personas haciendo uso de la fuerza de manera innecesaria y desproporcional. Como consecuencia del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se produjo la muerte de Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y más de 200 personas resultaron heridas entre manifestantes, periodistas y brigadistas, algunas de ellas de gravedad.

La organización también recibió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil que se negaban a identificarse, y de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, así como de decenas de personas que fueron reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, al 24 de noviembre se atendieron a 210 personas (una en Cusco y 209 en Lima) de las cuáles, a esa fecha, 13 permanecen hospitalizadas. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que varios de los heridos de gravedad tendrían secuelas permanentes a causa de sus lesiones, situación que afectaría sus proyectos de vida.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, en su primer mensaje a la nación señaló: “[n]o podemos devolverles la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a los familiares, a ellos”.

En línea con el mensaje presidencial, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a que hagan efectiva la reparación integral a las víctimas, que debe incluir medidas de atención en salud física y mental, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición con miras a que las victimas puedan restablecer sus proyectos de vida. Para ello, es necesario que se asignen los fondos correspondientes que garanticen su implementación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, el Congreso de la República debe incluir en la Ley de Presupuesto 2021 una partida especial destinada a brindar reparaciones a las víctimas de la represión policial y otras violaciones de derechos humanos. Por su parte, el Poder Ejecutivo, una vez asignada dicha partida, debe disponer todas las medidas administrativas necesarias para otorgar las reparaciones de forma pronta y eficaz.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que la compensación monetaria es tan solo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y los perjuicios sufridos. El derecho a la reparación les da también a las víctimas de violaciones a los derechos humanos un título jurídico para reclamar del Estado medidas de restitución, satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías de no repetición ante instancias nacionales e internacionales y deben proporcionarse aun en el caso de que no se haya identificado a los responsables.