Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar los hallazgos iniciales de su investigación en el país.

Durante la investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, Amnistía Internacional recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Asimismo, la organización recibió información sobre graves falencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia.

“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En un contexto de mucha incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron de varias de las regiones más marginadas de Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuya población, mayoritariamente Indígena, ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política y ha permanecido en continua lucha por acceder a los derechos básicos de salud, vivienda y educación. Las protestas pronto se extendieron a la capital, Lima, y a otras partes del país.

Amnistía Internacional ha realizado un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión en base a datos de la Defensoría del Pueblo de Perú. Ha registrado que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente de pueblos Indígenas. Ello a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima, por ejemplo. Mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. La evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas.

En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población Indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el contexto de la represión policial. La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país. A inicios de este mes, el gobierno decretó un Estado de Emergencia en siete regiones, siendo Puno la única región que ha quedado bajo control militar.

Durante su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a múltiples personas funcionarias del Estado, entre ellas representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensoría del pueblo, así como a comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, personas abogadas, familiares y testigos presenciales. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de la organización logró verificar 36 piezas de material foto y videográfico, de las cuales al menos 11 apuntarían al uso excesivo y en ocasiones indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad.

“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas.

A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército recurrieron a ésta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas.

Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. Sin embargo, la evidencia recolectada indica que la Policía y el Ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas.

De los 12 casos emblemáticos de personas fallecidas que Amnistía Internacional ha documentado hasta el momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal.

Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 años, jugador de voleibol e hijo de madre y padre quechuahablantes, murió el 12 de diciembre a causa de un disparo de munición letal que le alcanzó mientras él y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, que domina el centro de la ciudad de Andahuaylas. Decenas de ciudadanos se habían apostado en el lugar para observar y filmar la protesta de los lugareños tras el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía para disolver un cortejo fúnebre de dos jóvenes que habían muerto el día anterior en el aeropuerto de Andahuaylas.

Isidora Rojas sostiene una foto de su hijo Wilfredo Lizarme, asesinado en Andahuaylas el 12 de diciembre de 2022.

Videos y testimonios de testigos apuntan a que ese día varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio frente al cerro. Funcionarios del Estado confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de Policía en dicha terraza y la organización ha verificado imágenes de video que demuestran que John Erik no estaba ejerciendo violencia contra la policía en el momento de su muerte. Otro joven, Wilfredo Lizarme, de 18 años, falleció en similares circunstancias. Tales casos podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

Leonardo Hancco Chacca, operador de maquinaria pesada de 32 años, murió después de que militares apuntaran y dispararan en contra de manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho el 15 de diciembre, de acuerdo con múltiples testimonios e imágenes obtenidas por IDL-Reporteros. Testigos indicaron que las fuerzas armadas utilizaron balas de forma continuada durante al menos siete horas en el aeropuerto y sus alrededores, en ocasiones persiguiendo a manifestantes o disparando en dirección de quienes auxiliaban a los heridos. En total nueve hombres jóvenes fallecieron por la presunta actuación militar de ese día.

Desde el inicio de la crisis se han registrado más de 1200 personas heridas en el contexto de protestas y 580 policías lesionados, según cifras del Ministerio de Salud.

Además de impactos de bala, tras un análisis de imágenes, Amnistía Internacional ha identificado numerosas lesiones por impacto de perdigones. Esta munición imprecisa, que suelta varios proyectiles con cada disparo, no es apta en absoluto para el control de manifestaciones.

En un caso, una bala perforó el brazo de un joven mientras prestaba primeros auxilios el 15 de diciembre en Ayacucho. El joven dijo que le dispararon unos soldados que apuntaban directamente contra él y de manifestantes en la zona. Más de 60 personas resultaron heridas ese día en Ayacucho.

En Lima, la evidencia recolectada indica que el fuerte uso de material potencialmente letal, como perdigones, así como de gas lacrimógeno — que también puede causar la muerte cuando su uso es indebido o cuando se dispara con un lanzador directamente al cuerpo — causaron la muerte de una persona tras recibir el impacto de una lata de gas en la cabeza y decenas de heridos.

Nilda García y Reider Rojas padres de Clemer Rojas, primera persona asesinada el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.

En Juliaca, al fotoperiodista Aldair Mejía le impactaron perdigones en la pierna derecha, provocando una lesión grave mientras reportaba las manifestaciones y la violenta represión emprendida por la Policía Nacional el 7 de enero.

Amnistía Internacional recabó información oficial y de víctimas que indica que, a pesar de que la Fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes, a casi dos meses de los hechos todavía no se habían desarrollado diligencias claves para las investigaciones, como la realización de ciertos peritajes o la recolección de testimonios. En algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas.

La organización identificó casos donde las diligencias iniciales de investigación no reflejarían fielmente los hechos, como el caso de Beckham Romario Quispe Rojas, futbolista y entrenador de 18 años e hijo de un campesino quechuahablante, quien murió durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas, en una pista de aterrizaje en desuso. La necropsia no dio cuenta del tipo de proyectil que le causó la muerte y fue entregada un mes después de los hechos.

Daniel Quispe, padre de Beckham Quispe asesinado en Andahuaylas el 11 de diciembre de 2022.

“La Fiscalía de la Nación debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional. Demorar y descuidar esta labor crítica, contribuye a crear un clima de impunidad que sólo fomenta tales actos,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen vínculos con el “terrorismo” y con grupos criminales, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.

Asimismo, la organización advierte que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

La organización entrevistó a más de 20 personas que resultaron heridas por latas de gas lacrimógeno, perdigones o balas durante las protestas, muchas de las cuales tenían miedo de denunciar las lesiones por temor a ser sometidas a procesos penales. Algunas de ellas denunciaron haber recibido llamadas telefónicas amenazantes o haber sido vigiladas por la policía.

“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” dijo Marina Navarro.

El 21 de enero, la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que no se configuraban los supuestos de ley que justificaran tales detenciones. En el operativo, que duró varias horas y en el cual participaron más de 500 policías, fueron agredidas y se retuvo a un total de 192 personas, incluyendo estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas pertenecientes a delegaciones de otras regiones del país que habían llegado a Lima para participar en las manifestaciones. La naturaleza del operativo y los reportes de violencia física y psicológica, así como las imágenes verificadas, dan cuenta de posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Una persona detenida durante el operativo contó a Amnistía Internacional que funcionarios de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP amenazaron a quienes estaban bajo su custodia con que “si [seguían] protestando [iban] a estar sus fotos en este mural de terroristas”, refiriéndose al lugar donde se identifican a las personas sindicadas por este delito.

En el operativo se registró violencia física al momento de la intervención inicial, la detención indiscriminada de transeúntes, la denegación de acceso de las personas defensoras, y el uso innecesario de esposas. Asimismo, Amnistía Internacional recibió reportes de la “siembra” de evidencias supuestamente incriminatorias y la práctica de al menos una detención que más tarde no habría figurado en actas oficiales del operativo.

El sistema sanitario de Perú es uno de los menos financiados de América Latina y el personal sanitario se ve gravemente privado de condiciones de trabajo justas y humanas. Muchas personas dijeron a Amnistía Internacional que la abrumadora pobreza, la falta de servicios y la desigualdad que sufren fueron parte de las razones por las que decidieron expresarse en las calles.

Robert Pablo Medina Llanterhuay, estudiante de secundaria de 16 años e hijo de un agricultor, murió por arma de fuego después de que testigos lo vieran caminar entre un grupo de manifestantes con una pequeña bandera peruana en la mano, en la localidad de Chincheros, el 12 de diciembre. La Policía había disparado gases lacrimógenos a corta distancia para dispersar a una multitud ese día y él recibió un disparo en el pecho. El hospital más cercano con capacidad de practicar una necropsia se encontraba a varias horas de distancia, por lo cual los familiares no pudieron acceder y enterraron al cuerpo de Robert sin que dicho examen se practicara.

Otro joven de 15 años del poblado de Pichanaqui, Junín, resultó gravemente herido por arma de fuego el 16 de diciembre, mientras caminaba del trabajo a su hogar. Sin embargo, la falta de atención primaria lo llevó a recorrer dos hospitales antes de poder ser operado cuatro días después en Lima. Organizaciones peruanas contabilizan en cientos las personas que han sido referidas a la capital por la misma razón, y que en muchos casos deben enfrentar discriminación y escasez de recursos.

El 15 de febrero, Amnistía Internacional se reunió con la presidenta Dina Boluarte para presentarle los hallazgos iniciales de la investigación, así como recomendar a su gobierno, y todas las entidades del estado y la comunidad internacional una serie de acciones que deben implementarse inmediatamente y con un enfoque antirracista:

1. Un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones es urgente. Las autoridades estatales deben poner fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales como perdigones. El gas lacrimógeno y otras armas menos letales deben ser usados de forma adecuada y proporcional.
2. La Fiscalía debe avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel, lo que incluye realizar todas las diligencias necesarias de forma pronta y exhaustiva, asegurando recursos y personal suficiente a las fiscalías de derechos humanos. Además, deben garantizarse condiciones de seguridad para víctimas y testigos.
3. Las autoridades, incluida en especial la presidenta de Perú, deben tomar medidas urgentes para poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan. Asimismo, todos los poderes del Estado deben adoptar medidas oportunas que pongan fin a la discriminación racial estructural.
4. Las autoridades deben proporcionar urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas. El apoyo psicológico, económico, laboral y la reparación a las víctimas deben ser prioridad.
5. La comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos deben tomar todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas.

“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos Indígenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y como respuesta han sido violentamente castigadas. Los ataques generalizados contra la población tienen consecuencias de responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas aquellas al más alto nivel, por su acción y omisión en poner fin a la represión,” dijo Erika Guevara Rosas.

“Reiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de autoridades del estado a poner fin a la represión, atender las demandas legítimas de quienes protestan y garantizar que el estado cumpla con su obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.”

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

Cecilia Niezen (Amnistía Internacional Perú): +51 989 180 327, c.niezen@amnistia.org.pe