El 18 de septiembre, el ejército israelí dictó tres órdenes de "paralización de las obras" contra cuatro estructuras domésticas pertenecientes a tres familias beduinas palestinas de Tubas, distrito de la Cisjordania ocupada. Estas órdenes preceden a las de demolición, por lo que las estructuras podrían ser destruidas en cualquier momento. Los pueblos afectados están en la zona C, donde las autoridades israelíes prohíben en la práctica toda construcción palestina.Las órdenes se entregaron en los pueblos de Tell al Himma y Al Farisiya, en el distrito de Tubas de la Cisjordania ocupada. Se han dictado porque las familias no tienen permiso de construcción, pese a que las estructuras están ya casi totalmente construidas.En Al Farisiya se dictó una orden de "paralización de las obras" contra un corral de la familia de Saleh Abu Amer. Afecta a seis personas, incluidos dos niños. En Tell al Himma se trata de dos estructuras para el ganado (una de Ghaleb Fuqha y otra de Mahmoud Ayoub) y de una tercera utilizada para reuniones y actos sociales, perteneciente también a Mahmoud Ayoub. En total son 13 las personas afectadas, incluidos 9 niños. Según informes, las estructuras de Tell al Himma las donó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hace tres años.Ghaleb Fuqha ha desmantelado su corral, pues dice que teme que "si ahora vienen a demoler esto, luego vendrán a demoler mi casa". Su rebaño de 50 ovejas sufrirán probablemente las consecuencias al no tener dónde protegerse del fuerte sol ni del próximo invierno.Los dos pueblos están en la zona C, que abarca el 60 por ciento de la Cisjordania ocupada. En esta zona, la construcción de viviendas y otras estructuras está prohibida en la práctica. Las solicitudes de permiso para construir se rechazan invariablemente, pues la tierra les está asignada en su mayor parte a asentamientos israelíes, ilegales según el derecho internacional, o a zonas militares israelíes.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU en los territorios palestinos ocupados afirma que desde julio de 2010 las autoridades israelíes han destruido 117 estructuras, incluidas viviendas en Al Farisiya. Esta destrucción ha supuesto el desplazamiento de 129 personas, incluidos 63 niños.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:

• Instando a las autoridades israelíes a que garanticen que se anulan de inmediato las órdenes de "paralización de las obras" entregadas en Tell al Himma y Al Farisiya y expresando preocupación por que la destrucción de las estructuras suponga una grave amenaza para el ganado de las familias.
• Pidiendo a las autoridades que establezcan de inmediato una suspensión de las demoliciones de viviendas y los desalojos forzosos en Cisjordania y revisen su política de vivienda y su sistema de concesión de permisos de construcción, conforme a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 A:Ministro de DefensaMinister of DefenceEhud BarakMinistry of Defence37 Kaplan Street, HakiryaTel Aviv 61909, IsraelFax: +972 3 6916940/6962757Correo-e: minister@mod.gov.il Tratamiento: Dear Minister / Señor MinistroAuditor militar generalMilitary Judge Advocate GeneralMajor General Avihai Mandelblit6 David Elazar StreetHakirya, Tel Aviv, IsraelFax: +972 3 569 4526Correo-e: avimn@idf.gov.il Tratamiento: Señor Auditor Militar GeneralJefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de IsraelIDF Chief of StaffLieutenant-General Benny Gantzc/o Ministry of Defence7 A' Street,Hakirya, Tel Aviv, IsraelFax: +972 3 6916940/6976218 Tratamiento: Dear Lieutenant-General / GeneralInformación complementariaUn representante municipal ha dicho a Amnistía Internacional que en Tell al Himma no se llevan a cabo demoliciones desde que, en 1989, el ejército israelí destruyó una casa de ladrillo. En Tell al Himma, la tierra está registrada como propiedad privada, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la tierra en los Territorios Palestinos Ocupados, que se ha declarado terreno estatal israelí debido a la costumbre de los habitantes a no registrar la tierra, tendencia histórica que se remonta al periodo otomano.El 6 de agosto de 2010, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en favor de 92 palestinos de Hmayyir, pueblo de la zona de Al Farisiya, cuyas viviendas habían sido demolidas el día anterior. Durante la demolición fueron destruidas 27 tiendas de campaña utilizadas como vivienda y 10 estructuras más destinadas a usos agrícolas. Las tiendas acababan de levantarse y eran una donación hecha a las familias por una organización humanitaria y el Ministerio de Gobierno Local de la Autoridad Palestina como medida de emergencia, pues el ejército israelí habían destruido 74 estructuras, incluidas viviendas, el mes anterior, con consecuencias para 100 personas.Tubas se encuentra dentro del 60 por ciento de Cisjordania calificado de "zona C", que está totalmente bajo control Israelí. Los palestinos que viven allí se enfrentan a la destrucción recurrente de sus bienes y a severas restricciones impuestas a la construcción. La población palestina del valle del Jordán, que ya vivía allí antes de que el ejército israelí ocupara Cisjordania en 1967, se enfrenta constantemente a la política discriminatoria que aplica en Israel en materia de urbanismo, edificación y acceso a la tierra y al agua, y, al ser una de las más pobres y vulnerables del la región, sufre especial presión. Los habitantes de la región de Tubas, al igual que muchos palestinos del valle del Jordán y la Cisjordania ocupada, viven cada día bajo la amenaza de ser expulsados de sus hogares y sus tierras por el ejército israelí. También están sometidos a restricciones de su libertad de circulación.El 29 de julio de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones sobre el informe de Israel acerca del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Estado Parte. El Comité expresó preocupación por "la frecuencia con que demuelen por orden administrativa bienes, viviendas y escuelas en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental por carecer de permisos de construcción, cuya expedición se deniega muchas veces a los palestinos [y por] los sistemas de planificación municipal discriminatorios, en particular en la "zona C" de la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental, que favorecen de forma desproporcionada a la población judía de esas zonas". Instó a las autoridades israelíes a "revisar también su política de vivienda y expedición de permisos de construcción a fin de respetar el principio de no discriminación hacia las minorías, en particular los palestinos"