Los problemas económicos globales tienen su correspondencia en una recesión en los derechos humanos, con la adopción de unos compromisos preocupantes por su carácter mínimo en Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible), han afirmado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) al clausurarse la clausura de la conferencia. El objetivo de Río+20 era renovar los compromisos políticos con el desarrollo sostenible que contrajeron en la conferencia original, hace 20 años, mediante la evaluación de los avances y de las lagunas en la implementación y el debate sobre cuestiones nuevas y emergentes."Los países del G-77, la Santa Sede y Canadá han formado una alianza vergonzosa contra la adopción de un compromiso con los derechos humanos, en ocasiones con la ayuda de Estados Unidos --ha afirmado Jan Egeland, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch--. A pesar de la oposición, el lenguaje de los derechos humanos ha sobrevivido en el documento final, pero no llega lo bastante lejos."La Santa Sede lideró la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, con el apoyo del G-77 (Grupo de los 77), una organización de países en desarrollo. En el documento final, los países participantes hacen hincapié en la necesidad del acceso universal a la salud reproductiva, incluidas la planificación familiar y la salud sexual, y de la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Pero se ha suprimido el texto explícito que hacía referencia a los derechos reproductivos.Canadá, el G-77 y Estados Unidos se han unido contra la reafirmación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos. Durante las negociaciones, los gobiernos tampoco se han ocupado de sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando actúan como accionistas de instituciones financieras internacionales (IFI).En el documento final, los gobiernos reconocen que el desarrollo sostenible requiere la implicación significativa y la participación activa de la sociedad civil y de muchos grupos marginados, como las personas con discapacidad, entre otras. Sin embargo, los gobiernos han suprimido la referencia al derecho a la libertad de asociación y reunión, han afirmado Amnistía Internacional, Human Rights Watch y CIEL. Y el derecho a la libertad de expresión, esencial para la participación y la rendición de cuentas, ni siquiera llegó a figurar nunca en un borrador del documento final.Además, grupos de la sociedad civil han expresado su consternación por la falta de oportunidades para su participación significativa en el proceso de Río."El G-77 ha cuestionado el derecho a la libertad de reunión y asociación, y algunos países que los defendieron en el pasado se han negado a luchar por estos derechos --ha afirmado Egeland--. Es increíble que después de la 'primavera árabe', los gobiernos no hayan hecho oír su voz en apoyo del derecho a la libertad de expresión en el contexto del desarrollo sostenible."Los líderes mundiales han reafirmado la importancia de respetar todos los derechos humanos para el desarrollo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos de derechos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Los gobiernos han reconocido en el documento final la importancia de derechos económicos y sociales seleccionados, como el derecho a la alimentación, la salud y la educación. Por primera vez en una reunión en la cumbre importante de la ONU, los países han reafirmado el derecho a agua potable segura y a servicios de saneamiento. Los gobiernos se han comprometido a trabajar para hacer realidad gradualmente el acceso para todas las personas."Es lamentable que algunos gobiernos hayan intentado excluir arbitrariamente del ámbito del derecho al agua las cuestiones hídricas transfronterizas --ha afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional--. El hecho de que estos intentos hayan sido infructuosos es una victoria para los derechos humanos."Río+20 tampoco ha logrado la integración de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, han afirmado los grupos de derechos. Aunque tribunales internacionales, regionales y nacionales y organismos de derechos humanos han reconocido con creciente frecuencia los daños ambientales como causa de violaciones de derechos humanos, y han establecido con firmeza la responsabilidad de los Estados en lo relativo a la protección del medio ambiente, el proceso de Río+20 ha ignorado el derecho a un medioambiente saludable."La protección del medio ambiente es esencial para el pleno disfrute de todos los derechos humanos --ha afirmado el doctor Marcos Orellana, director de derechos humanos y medio ambiente de CIEL--. Sin el reconocimiento explícito del derecho a un medio ambiente saludable, el documento de Río+20 no aborda la crisis ecológica y de pobreza de ámbito global a la que se enfrentan el ser humano y el planeta."La Declaración de Río de 1992, integrada por 27 principios que tenían como objetivo orientar el desarrollo sostenible en el futuro, incluía una referencia al derecho al desarrollo, remitía al derecho internacional y reconocía que la gente debe tener acceso a la información relativa al medio ambiente y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones."Aunque se han registrado algunos avances en la versión definitiva del documento final, el mero hecho de que tengamos que abogar por la inclusión de los derechos humanos es absurdo", ha afirmado Carvalho.Declaración conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río + 20: http://www.hrw.org/news/2012/06/12/declaraci-n-conjunta-de-amnist-internacional-y-human-rights-watch-relativa-la-conferHuman Rights Watchhttp://www.hrw.orgAmnistía Internacionalhttp://www.amnesty.org/es/demand-dignityCentro de Derecho Ambiental Internacionalhttp://www.ciel.org/