Américas: Urgen medidas y decisiones de la OEA para revertir el cierre del espacio cívico
El cierre del espacio cívico en las Américas ha llegado a un punto de inflexión, que requiere medidas urgentes por parte de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo Amnistía Internacional hoy, en una carta abierta dirigida a los y las jefas de Estado que asisten a la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General del foro multilateral estos 26, 27 y 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay.
24 junio 2024
Américas: En el Día Mundial del Refugiado, los Estados deben priorizar los derechos humanos de las personas en busca de protección en las Américas
En ocasión del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional emitió una carta abierta dirigida a los Estados parte de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, actualmente reunidos en Bogotá, exhortándoles a poner los derechos humanos al centro de su nuevo plan de acción regional para la próxima década.
19 junio 2024
Américas: Aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile
En su nuevo informe publicado hoy, Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas, Amnistía Internacional evidencia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile están incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos. El informe analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad. En base a esos tres criterios, Amnistía Internacional concluye que ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas.
21 septiembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Américas: Seguimiento por militares a organizaciones de la sociedad civil demuestra el deterioro del respeto a los derechos humanos
Las filtraciones conseguidas por el colectivo Guacayama de varios servidores de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región ha mostrado un monitoreo de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, por parte de los ejércitos, por ahora, de México y Perú, evidenciando el deterioro del respeto a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.
06 octubre 2022
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
PERÚ: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE INDULTO A FUJIMORI VIOLA OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la supervisión de cumplimiento de sentencia de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. que restituyó el indulto a Alberto Fujimori, se convierta en un obstáculo para el goce del derecho a la verdad, justicia y reparaciones de las víctimas y sus familiares.
29 marzo 2022
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEBEN COMPROMETERSE A RESPETAR DE MANERA IRRESTRICTA LOS DERECHOS HUMANOS
En el marco del actual proceso electoral, demandamos a los candidatos que postulan a la Presidencia de la República del Perú su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos en el país, así como su fortalecimiento.
Enfrentamos una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha costado la vida de miles de peruanas y peruanos, mostrando la desigualdad social, las enormes grietas del sector salud, y evidenciando que los derechos humanos no han estado en el centro de las políticas públicas. Ante ello, las nuevas autoridades deben desplegar todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, a través del acceso a servicios gratuitos y oportunos.
En nuestro Informe Anual 2020-2021 hemos registrado un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú, destacando la falta de acceso a la salud, la intensificación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y violencia contra personas LGTBI, las amenazas contra quienes defienden sus territorios y el medioambiente, la represión policial y la xenofobia.
Es fundamental que los candidatos presidenciales coloquen estos puntos como sus prioridades, dejando discursos y propuestas que se alejen de los derechos humanos, y garantizando también el respeto a la libertad de expresión, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y la vinculación del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, estos espacios son fundamentales para su protección y acceso a la justicia.
26 abril 2021
“Quisiera que estemos todos en armonía”: La Madre Indígena luchando por su río.
Desesperada por la contaminación del río Marañón, que cambió la vida en Cuninico, su comunidad en la Amazonía peruana, Flor de María Paraná tomó una botella de gaseosa de medio litro, la llenó de agua con petróleo y la llevó a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Chile.
23 abril 2020
Amnistía Internacional denunciará violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Las autoridades chilenas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada, demostrando que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no ha tomado decisiones efectivas para hacer frente a la crisis, Amnistía Internacional dirá hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia en Quito, Ecuador.
11 noviembre 2019
No hay opción: Las Américas deben dar refugio y protección
Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.
En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.
20 junio 2019
Perú: Corte Interamericana resuelve que tribunales peruanos deben revisar el indulto concedido a Fujimori
La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el 15 de junio de 2018, ha determinado que las cortes peruanas deben revisar si el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori constituye una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, marcando un histórico precedente en favor de los derechos humanos, manifestó Amnistía Internacional hoy
18 junio 2018