Hamás y otros grupos armados palestinos violaron de forma flagrante el derecho internacional y dieron muestra de un terrible desprecio por la vida humana al llevar a cabo brutales y crueles crímenes entre los que figuran ejecuciones sumarias en masa, tomas de rehenes y el lanzamiento indiscriminado de ataques con cohetes contra Israel, ha dicho hoy Amnistía Internacional. Mientras siguen apareciendo datos del horror que se desató en el sur de Israel, Amnistía Internacional sigue investigando para determinar todos los crímenes de derecho internacional cometidos.

En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:    "Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."  En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.   En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.  En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.  Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266 

Hoy se presenta el lanzamiento de Avengers: Endgame , la 22ª entrega de una franquicia de 22 películas que comenzó hace más de una década con Iron Man . Basado en los cómics creados por Jack Kirby y Stan Lee, Marvel Cinematic Universe es la franquicia de películas más exitosa de todos los tiempos y se espera que la película final sea el mayor lanzamiento de este año. Pero no es un momento importante de la cultura pop a menos que una ONG haya intentado subirse al carro y usarlo como una oportunidad de aprendizaje. Consultamos con nuestros expertos internos de Marvel para examinar los registros de derechos humanos de los villanos más grandes de la muestra según los conceptos de la vida internacional de la justicia internacional. A continuación, ofrecemos nuestra opinión sobre los peores violadores de los derechos humanos en el universo cinematográfico de Marvel. Prepare sus palomitas de maíz y, si no ha visto ninguna de las películas anteriores, este post está lleno de spoilers. El kreeAbusos a los derechos humanos: genocidio y asesinato en masa. A lo largo de las películas de Marvel vemos repetidos actos de crímenes contra la humanidad. Estos son delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles durante la paz o la guerra. Incluyen tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, esclavitud, deportación y ciertos delitos de violencia sexual y de género, incluida la violación. La última entrega de la película trata sobre las consecuencias de uno de los crímenes más graves retratados: el asesinato en masa de la mitad de todas las criaturas vivientes en el Universo por Thanos. Si bien esta atrocidad cometida por Thanos es, con mucho, la peor en términos de su gran escala, su acto de destruir la mitad del universo con un chasquido de dedo fue en realidad un acto de matanza masiva indiscriminada: no implicaba apuntar o seleccionar específicamente grupos Y si bien el genocidio es un crimen contra la humanidad que usualmente involucra asesinatos en masa, no todos los asesinatos en masa constituyen genocidio. Esto se debe a que genocidio significa ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Al igual que otros crímenes de lesa humanidad, el genocidio es considerado como una de las violaciones más graves de los derechos humanos que se pueden cometer. Es por eso que los Kree, una de las razas más poderosas del universo Marvel, se encuentran entre los peores abusadores de los derechos humanos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Colombia enfrenta una grave crisis de derechos humanos como consecuencia de los reiterados asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos, ante la mirada impávida de las autoridades, manifestó Amnistía Internacional hoy

Las autoridades brasileñas deben dar prioridad a la resolución de los asesinatos de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, y Anderson Gomes, su conductor, y llevar ante la justicia a todos los responsables; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de su muerte.

Más de 530.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas han huido del norte del estado de Rajine, víctimas del terror, en cuestión de semanas, en plena campaña de asesinatos, violaciones e incendios generalizados y sistemáticos dirigida contra esta población por las fuerzas de seguridad de Myanmar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su análisis más detallado hasta la fecha sobre la crisis en curso. 

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Las autoridades en Bangladesh no ofrecen protección a los activistas pacíficos

Es urgente proteger a quienes trabajan por la igualdad, la justicia y contra la impunidad.

Este país tiene uno de los índices de asesinatos más elevados del mundo, con frecuencia solo los titulares bastan para causar malestar a cualquiera.