La contaminación del aire, suelo y agua pone en riesgo la salud de millones de personas en Perú y su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. A ello se suma que cada vez es más letal defender la tierra, el territorio y el medioambiente en el país, ha señalado Amnistía Internacional Perú en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Durante los últimos dos años, al menos 14 personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente fueron asesinadas en Perú, y ante el crecimiento de actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras, numerosos defensores enfrentan cada vez más amenazas y ataques.  

“Defender la tierra, territorio y medioambiente no puede seguir costando vidas en Perú. La situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, quienes vienen ejerciendo su importante rol de cuidado del planeta solas, sin medidas de protección gubernamentales efectivas, y en un clima de creciente hostilidad e impunidad, es inaceptable”, ha declarado hoy Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tierra. 

El líder asháninka y secretario de la Junta Directiva de la Reserva Comunal El Sira (Ecosira), Mario López Huanca, fue asesinado, a inicios de julio, en Pasco. Con esta muerte son nueve personas asesinadas en el país en su defensa del medioambiente y territorios desde que inició la pandemia.

Amnistía Internacional condena y lamenta el asesinato del líder asháninka Mario López Huanca, secretario de la Junta Directiva de la Reserva Comunal El Sira (Ecosira), en Pasco. Esta muerte se suma a la larga lista de personas asesinadas en su defensa del medioambiente y territorios en Perú y América Latina.

En el marco del actual proceso electoral, demandamos a los candidatos que postulan a la Presidencia de la República del Perú su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos en el país, así como su fortalecimiento.  Enfrentamos una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha costado la vida de miles de peruanas y peruanos, mostrando la desigualdad social, las enormes grietas del sector salud, y evidenciando que los derechos humanos no han estado en el centro de las políticas públicas. Ante ello, las nuevas autoridades deben desplegar todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, a través del acceso a servicios gratuitos y oportunos.  En nuestro Informe Anual 2020-2021 hemos registrado un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú, destacando la falta de acceso a la salud, la intensificación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y violencia contra personas LGTBI, las amenazas contra quienes defienden sus territorios y el medioambiente, la represión policial y la xenofobia.    Es fundamental que los candidatos presidenciales coloquen estos puntos como sus prioridades, dejando discursos y propuestas que se alejen de los derechos humanos, y garantizando también el respeto a la libertad de expresión, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y la vinculación del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, estos espacios son fundamentales para su protección y acceso a la justicia. 

Doce países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú en una importante victoria para el medioambiente y los derechos humanos que debe inspirar al resto de la región para que siga su ejemplo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay han firmado el tratado hoy, en la primera oportunidad, al comienzo de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras que la República Dominicana y Haití también se han comprometido a firmar en las próximas horas.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.