“El ejército israelí lanzó proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco —un arma incendiaria— en operaciones militares a lo largo de la frontera sur de Líbano entre el 10 y el 16 de octubre de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. “Debe investigarse como crimen de guerra un ataque contra la localidad de Dhayra el 16 de octubre porque fue un ataque indiscriminado que hirió al menos a nueve civiles y causó daños a bienes de carácter civil, y, por tanto, fue ilegítimo”, dijo la organización.

En respuesta al anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se llevarán al fuero militar, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:  “Durante las últimas semanas se han reportado más de una veintena de muertes de personas civiles, incluso menores de edad, en el marco de las protestas y movilizaciones en el Perú, y como consecuencia de la respuesta represiva por parte del Estado a través del uso de la fuerza. Al ser hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, requieren de una intervención pronta, imparcial y oportuna de las instancias competentes y especializadas en la investigación de este tipo de hechos, determinar responsabilidades y posibilitar la rendición de cuentas en un marco de debido proceso”. “Desde Amnistía Internacional nos preocupa el anuncio realizado el día de hoy sobre la intervención del Fuero Militar en las investigaciones. Recordamos a las autoridades peruanas que los fueros militares o policiales no son competentes, según el estándar internacional aplicable, para conocer, juzgar y sancionar a los presuntos autores de violaciones a derechos humanos”.

Amnistía Internacional lamenta la muerte de al menos 17 personas en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad en el escenario de protestas sociales, y advierte que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis. 

Las filtraciones conseguidas por el colectivo Guacayama de varios servidores de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región ha mostrado un monitoreo de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, por parte de los ejércitos, por ahora, de México y Perú, evidenciando el deterioro del respeto a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

Es uno de los momentos más emblemáticos de la lucha por la libertad en la historia contemporánea. Un hombre solo, con una bolsa de la compra en cada mano, se planta desafiante ante una fila de tanques militares cerca de la plaza monumental de Tiananmen, en Pekín.

Desde inicios de la semana, miles de personas en Venezuela han salido a las calles en reclamo por la grave crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país. En respuesta, y en vez de procurar soluciones y abrir espacios para atender las demandas, las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro sacan a la calle a funcionarios militares y policiales, aplicando su política de represión.

La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes. Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.  

Abdu Salam permaneció en su pueblo mientras soldados de Myanmar y paramilitares locales incendiaban decenas de viviendas el pasado agosto. Se quedó allí mientras circulaban las noticias de las atrocidades que los soldados habían cometido en otros pueblos rohingyas en el norte del estado de Rajine. Y lo hizo porque el pueblo de Hpon Nyo Leik era su hogar, el único que conocía, y quería proteger las propiedades de su familia y su derecho a vivir allí.

Todos los años, el ejército israelí procesa a centenares de niños y niñas palestinos ante tribunales militares de menores, a menudo tras detenerlos en redadas nocturnas y someterlos a malos tratos, como vendarles los ojos, amenazarlos, mantenerlos aislados e interrogarlos sin estar presentes sus abogados o familiares.   Según organizaciones locales de derechos humanos, actualmente hay unos 350 menores de edad palestinos en las cárceles y los centros de detención israelíes.

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país afectando los derechos humanos de la población civil colombiana; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.   

Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Paramilitares iraquíes utilizan armas militares para cometer crímenes de guerra.

En diciembre de 2015, militares mataron a centenares de hombres, mujere y niños en Zaria y el gobierno encubre estos hechos.

El juicio ha sentado un precedente por ser el primer caso de violencia sexual perpetrada durante el conflicto que se juzga como crimen de guerra en Guatemala.

Aumenta la tasa de homicidios en Río de Janeiro.