En Perú, comunidades de los Andes y la Amazonía se han unido para defender la salud de las familias y personas afectadas por la contaminación de metales tóxicos. Para lograrlo, han conformado la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, iniciativa que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Mujeres indígenas, rurales y urbanas son particularmente afectadas en esta lucha diaria y ahora están decididas a ponerle fin a la contaminación de sus cuerpos, tierras y ríos. Exigen a las autoridades estatales determinar responsabilidades y brindar soluciones inmediatas.

Premio de Derechos Humanos de Amnistía 2020 para los 10 del Iuventa, tripulantes de salvamento marítimo

El premio Embajador/a de Conciencia se creó en 2002 y ha sido otorgado a personas y grupos que han defendido los derechos humanos. Entre los galardonados destacan Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Harry Belafonte, Ai Weiwei, Alicia Keys y Colin Kaepernick.

Greta Thunberg y el movimiento estudiantil de activistas contra el cambio climático Viernes para el Futuro recibieron el premio Embajador/a de Conciencia de Amnistía Internacional de 2019, anunció hoy la organización de derechos humanos.

“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

Cerca de 70.000 personas de todo el mundo han pedido al presidente chino que levante todas las restricciones impuestas a la poeta y artista Liu Xia y que ponga fin a los actos de acoso contra ella, un mes después de la muerte de su esposo, el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo.

“La Llama de la Esperanza” es el máximo reconocimiento de Amnistía Internacional Venezuela a la labor dedicada y eficaz de una persona, grupo u organización a favor del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Bahréin es sede del Gran Premio de Fórmula 1 pero su gobierno castiga a quienes protestan sobre los derechos humanos del país.

Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, felicita a los ganadores del Premio Nobel de la Paz de este año.

No se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes que se están cometiendo en Siria.

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del Premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional.

Este premio es el galardón más importante que concede Amnistía Internacional y se otorga a personas que han fomentado y contribuido a la causa de los derechos humanos con su vida y con su ejemplo.

Obama debe garantizar un Tratado sobre el Comercio de Armas; así lo afirman 18 personas galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en una carta abierta que han entregado al presidente, también galardonado con este premio.