Ante las noticias de un apagón total de las comunicaciones en la Franja de Gaza ocupada, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha afirmado: “La población civil palestina ya está sometida a asedio en la Franja de Gaza ocupada y ahora también se ve atrapada en un apagón total de las comunicaciones; los datos de las redes de vigilancia de Internet informan de que las señales fallan rápidamente ante la intensificación de los ataques aéreos y terrestres, según los informes, especialmente en el norte y el centro de la Franja. Pedimos a Israel que ponga fin de inmediato a los ataques indiscriminados y desproporcionados que ya han matado o causado lesiones a tantos civiles, entre ellos más de 3.000 niños y niñas. Las infraestructuras de Internet y de telecomunicaciones también deben ser restablecidas con carácter de urgencia, para que puedan llevarse a cabo las operaciones de salvamento en medio de los incesantes ataques aéreos y la ampliación de las operaciones terrestres israelíes.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Amnistía Internacional han presentado hoy los resultados de un diagnóstico sobre la representación de las mujeres refugiadas y migrantes en los medios de comunicación y redes sociales de Perú durante el periodo 2021-2022.

Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República. Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico. Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”. Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”. Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana. En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión. Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.

Amnistía Internacional Perú invita a la ciudadanía a sumarse a la acción Yo Firmo por Escazú, que se realizará el jueves 6 de agosto, subiendo a las redes una foto de su firma (real o adaptada) a favor de que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú. Ese mismo día, la organización entregará de manera simbólica las más de 40 mil firmas recogidas en todo el Perú, de personas que demandan al Poder Legislativo que ratifique el Acuerdo y garantice su derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Cuando estalla una crisis de derechos humanos, Amnistía Internacional aspira a desplegarse sobre el terreno para presenciar en primera línea lo que está sucediendo y denunciar violaciones. Pero hay ocasiones en que problemas de seguridad, diplomáticos o administrativos nos impiden hacerlo. Es entonces cuando recurrimos a herramientas remotas, incluidas las plataformas de redes sociales, para mantener bajo observación lo que está ocurriendo en una crisis en tiempo real. En todo el mundo, defensores y defensoras de los derechos humanos de base afrontan grandes peligros para grabar vídeos de violaciones de derechos humanos y compartirlos en los canales en los que saben que sus voces obtendrán mayor eco, como Facebook, YouTube y Twitter. Todas estas plataformas se basaron en la idea de democratizar la información, prometiendo un nuevo mercado de intercambio de ideas y creación de vínculos entre individuos de diversas regiones del mundo, y atrayendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos con una promesa: “Pongan aquí su contenido y el mundo verá lo que está ocurriendo en sus comunidades.” Y así, la gente publicó fotos y vídeos de los peores abusos —ejecuciones extrajudiciales, bombas de barril, tortura—, proporcionándonos pruebas fundamentales para exigir responsabilidades a los perpetradores. Las organizaciones de derechos humanos respondieron y se adaptaron a este nuevo entorno de trabajo. Actualmente nos basamos en estos cafés digitales que han creado las plataformas de redes sociales. En su investigación, Amnistía Internacional cada vez integra más las entrevistas a testigos presenciales con contenidos de las redes sociales que corroboran sus declaraciones. Un ejemplo es el Cuerpo de Verificación Digital creado por la organización, una red de estudiantes a los que formamos para que mantengan bajo observación, descubran, verifiquen y corroboren pruebas e indicios de abusos contra los derechos humanos en las plataformas de redes sociales.

Las protestas contra el presidente sudanés Omar al Bashir han alcanzado su punto álgido con la declaración de que el ejército ha dado un golpe de Estado en la capital, Jartum, y va a formar un gobierno de transición. Estos son los principales datos que hay que conocer sobre los importantes acontecimientos en que se halla inmerso el país africano: Protestas multitudinarias en SudánEl derrocamiento del presidente Omar al Bashir se produce tras el mayor número de protestas contra el gobierno celebradas en el país desde su llegada al poder tras un golpe de Estado en 1989. Ha habido más de 700 protestas en todo Sudán desde que comenzaron los actuales disturbios. Cómo comenzaron las protestasLas protestas comenzaron a mediados de diciembre de 2018, con manifestaciones de estudiantes de enseñanza media en contra del acusado aumento del precio del pan en la ciudad de Atbara, estado de Río Nilo. El gobierno había adoptado nuevas medidas de austeridad, incluidos recortes de las subvenciones al pan y los combustibles, tras la disminución de la producción petrolera y de años de sanciones estadounidenses. El 20 de diciembre se produjeron protestas similares en varias ciudades sudanesas, en las que se pedía también la dimisión de Al Bashir. Las fuerzas de seguridad responden con violenciaEl gobierno respondió a la protestas haciendo uso ilegítimo, excesivo y, a veces, letal, de la fuerza, con munición real, balas de goma, gas lacrimógeno y a ataques a personas heridas dentro de hospitales. Al menos 59 personas han muerto, centenares han resultado heridas y miles han sido detenidas desde que comenzaron las protestas. El gobierno desplegó a hombres armados y con el rostro cubierto para sofocar las protestas. Represión contra las redes socialesEl gobierno restringió la libertad de expresión y de información cortando el acceso a las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter y WhatsApp. Los sitios siguen siendo casi inaccesibles, pero mucha gente ha continuado accediendo a las plataformas por VPN (redes privadas virtuales).

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Los retuits de Donald Trump de comentarios islamófobos de un grupo marginal de extrema derecha británico fueron sólo la punta del iceberg. Desde Myanmar hasta Estados Unidos, en 2017 una avalancha de comentarios online controvertidos suscitaron un debate en gran escala sobre cómo pueden utilizarse las redes sociales para incitar al odio y la discriminación.

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado el alarmante impacto que tienen en las mujeres los abusos y el acoso en las redes sociales, con mujeres de todo el mundo que informan de estados de estrés y ansiedad o ataques de pánico como consecuencia de estas experiencias dañinas en Internet.

Fotografías publicadas en redes sociales muestran también una gran multitud en las gradas observando el asesinato.