Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
Conversatorio: El trabajo sexual en el Perú en perspectiva. Balance y propuestas
El objetivo de este conversatorio es abordar, desde diversas aristas, los diversos debates y posiciones que existen en torno al trabajo sexual en el país para así elaborar propuestas de políticas públicas que, afianzándose en las condiciones y realidad local, puedan proponer mejoras para las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales.
25 abril 2022
“Sueño con un futuro queer”- Conversación entre dos activistas el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero
Para celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Amnistía Internacional pidió a dos activistas, una de la República Dominicana y otra de Pakistán, que nos contaran su lucha.
Nairovi Castillo es directora ejecutiva de la Comunidad de Trans-Trasvesti Trabajadoras Sexuales (COTRAVETD), de la que fue cofundadora en 2004. Mehlab Jameel, de 26 años, investigadora y educadora comunitaria, ayudó a redactar la histórica Ley de Personas Transgénero de 2018 de Pakistán, una de las leyes más progresistas de este tipo que existen en el mundo.
La conversación entre ellas pone de relieve cómo la solidaridad puede ofrecer un consuelo y una fortaleza inmensas en circunstancias difíciles.
01 abril 2019
República Dominicana: Uso habitual de la violación y otras formas de tortura por parte de la policía para castigar a las trabajadoras sexuales
La policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
26 marzo 2019
Cien maneras en las que Trump ha amenazado los derechos humanos en sus primeros cien días
“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.
Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia.
“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”.
Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes:
Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia.
Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo.
Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero.
Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock.
La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes:
Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas.
El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva.
Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses.
“Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.
25 abril 2017