De Nadine Haddad, Egypt Campaigner at Amnesty International
Si caminas hoy entre el bullicioso tráfico de la plaza de Rabaa al Adawiya de El Cairo, nunca sabrías que el incidente más sangriento de la historia reciente de Egipto tuvo lugar aquí hace exactamente dos años, el 14 de agosto de 2013, cuando la dispersión por las fuerzas de seguridad de dos sentadas en El Cairo y de otras protestas en todo el país causaron la muerte de 1.000 personas en un solo día.
El gobierno ha rebautizado recientemente la plaza en honor del fiscal egipcio Hisham Barakat, asesinado en El Cairo en un atentado con coche bomba el 29 de junio. Para algunos, Barakat representaba al Estado que protege a sus ciudadanos, pero para muchos otros era un símbolo de la represión que encubría los abusos de las fuerzas de seguridad y ordenaba la detención de miles de personas encarceladas en la creciente campaña de represión de la disidencia de los últimos dos años.
La única escultura conmemorativa de la plaza -erigida tras la matanza- muestra dos brazos en ángulo, que representan a la policía y al ejército, que protegen una esfera plateada que representa al pueblo egipcio.
No hay nada que evoque la sangre, la muerte y las llamas, tan destacados aquel día, salvo los recuerdos que van reapareciendo a medida que recorres el lugar.
Este mes de julio volví a visitar el centro médico de Rabaa al Adawiya, desde el que se ve la plaza, por primera vez desde que presencié la matanza. Hoy, los muros exteriores, ennegrecidos después de que las fuerzas de seguridad prendieran fuego al edificio, están limpios. Hace mucho que se ha lavado la sangre de las paredes, los suelos y la escalera de caracol. Su aspecto es el de cualquier centro médico en el que médicos y pacientes se ocupan tranquilamente de sus quehaceres.
El 14 de agosto de 2013 había que sortear los disparos de los francotiradores sólo para entrar o salir del centro. Dentro las escenas eran de urgencia y caos. Escaseaban las camas y el material médico. Muchos heridos yacían en cualquier espacio disponible en el suelo, incluso junto a los cuerpos de los fallecidos.
Nunca olvidaré al hombre que arriesgó su vida sorteando el fuego de los francotiradores sólo para entregar una pequeña bolsa de plástico llena de medicamentos cuando se acabaron los suministros. Ni a la mujer que, totalmente cubierta por un niqab negro, estaba sentada en el suelo del hospital junto a un charco de sangre al lado de su esposo muerto de un disparo en la cabeza. El hedor a muerte invadía todo.
Hoy, muchos egipcios corrientes viven aún a la sombra de lo que pasó en Rabaa ese día. Fue un momento crucial, un día en el que salió a la luz toda la ferocidad de las fuerzas de seguridad.
Sara, una estudiante menuda de 25 años, estaba protestando en la sentada de Rabaa. El último recuerdo que tiene de su padre, Mohamed al Sayed, doctor en medicina de 58 años, es de dos semanas después de los sucesos de Rabaa, cuando cuatro hombres corpulentos con la cara tapada lo subieron a empujones a la parte trasera de un coche delante de su casa y huyeron mientras disparaban a la familia y a los vecinos que intentaron ir detrás de ellos. Desde entonces no ha vuelto a verlo ni a oír su voz.
"¿Dónde está mi padre?", pregunta. "¿Dónde está la ley en este país? ¿Qué pruebas hay contra él? "
En su ciudad natal de Zagazig, al norte de El Cairo, Sara dice que la policía tardó tres días en hacer un informe formal sobre la desaparición de su padre. La queja que la familia presentó ante la Fiscalía no ha dado ningún resultado. A través de fuentes informales, Sara averiguó que es probable que su padre esté en alguna prisión militar.
Cuando se acerca el segundo aniversario de la desaparición de su padre, Sara dice: "No me siento como si estuviera viva. Él era el alma de nuestra familia y se lo llevaron."
Mohamed al Sayed se suma a una lista creciente de personas que han sido detenidas y recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, en condiciones de desaparición forzada, en los dos años transcurridos desde que el ex presidente egipcio Mohammed Morsi fue depuesto por el ejército.
La policía y el ejército abrieron fuego y usaron la fuerza excesiva para dispersar la sentada de partidarios de Morsi cuatro veces en julio y agosto de 2013. La matanza de Rabaa del 14 de agosto fue el día más sombrío de Egipto.
En los dos años que han pasado desde entonces, ni un solo agente de los servicios de seguridad ha rendido cuentas por los centenares de muertos y heridos de ese día. Ni el fiscal y ni el comité de investigación nacional nombrado por el gobierno para investigar las muertes han defendido la justicia; culparon a los manifestantes de la violencia y blindaron a las fuerzas de seguridad frente a cualquier crítica.
En cambio, las autoridades han acelerado sus medidas represivas con la detención de miles de personas que apoyaban a la Hermandad Musulmana, a la que el Estado declaró desde entonces organización terrorista, o al ex presidente Morsi. La represión también ha afectado a periodistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes, presuntos opositores del gobierno y otras personas que simplemente estaban en el lugar y el momento equivocados.
Desde julio de 2013 han sido detenidas más de 22.000 personas. Al menos 124 han muerto bajo custodia como consecuencia de tortura y otras formas de malos tratos o debido a las precarias condiciones de reclusión y a la falta de acceso a atención médica en prisión.
Mientras tanto, el sistema de justicia penal de Egipto se ha convertido en otro instrumento de represión al procesar y juzgar a personas en juicios multitudinarios manifiestamente injustos en los que los jueces condenan a cientos de personas -a menudo simpatizantes de la Hermandad Musulmana- a muerte o a cadena perpetua.
Metwally Ali Sayed, cuyos dos hijos murieron por disparos de las fuerzas de seguridad durante la sentada de Rabaa, exige justicia por sus muertes y para todas las demás personas que perdieron la vida.
"Ni siquiera nos tratan como [...] a seres humanos", dice.
Hasta ahora, la escalada de la crisis de derechos humanos en Egipto ha sido recibida con un silencio casi ensordecedor de la comunidad internacional. En cambio, muchos de los aliados internacionales de Egipto han tratado de reforzar los lazos comerciales y empresariales con el gobierno del presidente Abdel Fattah el Sissi; en los últimos meses, algunos han reanudado las exportaciones de armas y han firmado nuevos contratos de venta.
El respeto a los derechos humanos es fundamental para la estabilidad y la prosperidad futuras de Egipto. Los países deben adoptar medidas enérgicas y coordinadas en la ONU, incluido en el próximo periodo de sesiones de septiembre del Consejo de Derechos Humanos, para condenar públicamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en este país. Todos los Estados -incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia- deben suspender inmediatamente las transferencias de todas las armas que puedan emplearse en la represión interna.
Esta pasividad colectiva ante los días más sangrientos y represivos de la historia reciente de Egipto es una afrenta a la justicia y a la humanidad, un insulto a la memoria de quienes murieron y una ceguera voluntaria ante una situación que sólo empeorará si no se le pone freno.