(Foto: Carlos Zevallos Trigoso/Asalto.pe )
Frente a las recientes movilizaciones ciudadanas en diversas ciudades del Perú, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades del Gobierno que se debe respetar el derecho a la protesta y a la libertad de reunión.
"Venimos observando con preocupación los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y algunos manifestantes. Si bien condenamos el uso de la violencia para protestar en cualquier caso, nos parece importante recordar al Gobierno que la acción policial debe realizarse respetando a los manifestantes que están ejerciendo su derecho de expresar libremente en las calles, sin que en ningún caso se ejerza un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ", señaló Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
En el Informe Anual de 2013, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la situación de la protesta social en Perú, habiendo registrado casos de torturas, detenciones arbitrarias y otros malos tratos por parte de las fuerzas policiales en protestas ciudadanas contra algunos proyectos mineros.
"Ya en enero de este mismo año expresamos nuestras reservas con respecto a la ley 30151, que impediría que militares y policías sean procesados penalmente en caso de agredir o causar la muerte de un ciudadano en ejercicio de sus funciones. Ante la posibilidad de que se sigan convocando manifestaciones para los próximos días es fundamental que el Estado asegure un irrestricto respeto a los derechos humanos en todo momento", añadió Navarro.
Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley tienen el deber profesional de prevenir el delito, detener a los presuntos delincuentes y proteger la seguridad pública, así como el derecho de defenderse contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave.
Pero los estándares internacionales requieren que al llevar a cabo dicha tarea sólo se pueda hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional a la amenaza sufrida. Las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber deben en todo momento respetar y proteger la dignidad humana, así como respetar y defender los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presuntos autores de los delitos.