En todo el mundo, las víctimas de violación y violencia sexual se ven privadas de acceso a la justicia debido a la discriminación basada en el género y a los prejuicios sobre la conducta sexual de las víctimas de violación, afirma Amnistía Internacional en dos informes regionales que publica hoy.Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha publicado dos informes que examinan la violencia sexual en lugares del mundo desarrollado y en desarrollo, concretamente Camboya y los países nórdicos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia."En países pobres y ricos por igual, las mujeres que han sido objeto de violación o abusos tienen pocas oportunidades de ver procesados a sus agresores -ha afirmado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional, Política y Campañas de Amnistía Internacional-. Resulta escandaloso que, en pleno siglo XXI, con tanta legislación destinada a garantizar la igualdad de las mujeres, prácticamente ningún gobierno proteja a las mujeres ni garantice el procesamiento de sus agresores para que respondan de sus crímenes."Los informes de Amnistía Internacional demuestran que las víctimas de abusos sexuales y violencia en el ámbito familiar que intentan obtener justicia se enfrentan a numerosos obstáculos, entre ellos la respuesta insuficiente, negativa o desconsiderada de la policía y del personal médico y judicial. Dado que la indiferencia de las autoridades es generalizada, muchas mujeres sienten vergüenza o culpabilidad y ni siquiera intentan poner los delitos en conocimiento de la policía.En los casos en que las mujeres sí acuden a la policía, rara vez se da respuesta a sus reclamaciones de reparación y justicia. Según las conclusiones de ambos informes, los delitos de violación están entre los que presentan índices más bajos de procesamiento."A menos que la violencia sexual vaya acompañada de violencia física, simplemente no se toma en serio -ha afirmado Widney Brown-. La mujer que sobrevive a una violación sin presentar lesiones importantes a menudo es señalada o considerada responsable del delito cometido contra ella, mientras que el violador a menudo sólo se enfrenta a una sanción social o legal limitada, si acaso."Aunque los sistemas de justicia examinados en los informes son muy diferentes, Amnistía Internacional concluye que todos presentan discrepancias y vacíos legales que disuaden a las mujeres de intentar obtener justicia por los delitos cometidos en su contra.En los países nórdicos, por ejemplo, es el uso de la violencia o la amenaza de violencia lo que determina la gravedad de la violación y no el propio quebrantamiento de la autonomía sexual de la mujer. El informe Case Closed documenta un caso en Finlandia en el que un hombre había obligado a una mujer a tener relaciones sexuales, en unos servicios públicos en desuso de un aparcamiento de vehículos, golpeándole la cabeza contra la pared y retorciéndole el brazo detrás de la espalda. En opinión de la fiscalía, no se trataba de una violación porque la violencia empleada había sido de carácter leve. Se declaró al hombre culpable de coacción para mantener relaciones sexuales y se le impuso una condena condicional de siete meses de cárcel.En comparación, la negativa a realizar el servicio militar obligatorio y el servicio civil alternativo es punible en Finlandia con un mínimo de seis meses de cárcel.En Camboya, las mujeres no confían en el sistema de justicia. Los gastos asociados a los trámites policiales disuaden a las mujeres de emprender acciones. A menudo se pide a las víctimas que paguen un soborno para que la policía inicie la investigación. También es habitual que les reclamen dinero para gastos médicos, transporte y llamadas telefónicas durante la investigación policial.Breaking the Silence documenta asimismo la negociación de pagos extrajudiciales como "solución". Normalmente, los agentes de policía actúan de árbitros entre las familias de la víctima y del agresor para que alcancen un acuerdo económico, con la condición de que la víctima retire la denuncia. El mediador recibe parte del dinero acordado."Para demasiadas mujeres, su experiencia del sistema de justicia supone un agravamiento de la violencia y los abusos sufridos inicialmente -ha afirmado Widney Brown-. Cada vez que un agresor queda sin castigo debido a estas deficiencias, es señal de que las autoridades son indiferentes a la difícil situación de las víctimas de violencia sexual."La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las barreras más significativas y predominantes para alcanzar la igualdad de género. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que ejerzan la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia. Y para ello es imprescindible garantizar que las mujeres que han sido objeto de violencia tienen acceso a la justicia y a un recurso efectivo para obtener reparación por los daños sufridos.La organización de derechos humanos ha pedido también la creación de una entidad de la ONU para las mujeres firme y consolidada, que garantice a las mujeres y las niñas el disfrute efectivo de sus derechos en todo el mundo. Amnistía Internacional participa en la campaña global de organizaciones no gubernamentales en favor de una Reforma de la Arquitectura de la ONU para la Igualdad de Género para pedir a los gobiernos y al sistema de la ONU que garanticen que la nueva agencia de la ONU tiene la autoridad, el personal y los recursos necesarios para lograr un cambio real en la vida de las mujeres de todo el mundo.Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a reafirmar plenamente su compromiso con el respeto de los derechos de las mujeres ,establecidos en numerosos tratados de derechos humanos así como en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, agenda de trabajo para potenciar las metas de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres.Caso cerrado: Violación sexual y derechos humanos en los países nórdicos

Breaking the Silence: Sexual Violence in Cambodia

Amnistía Internacional considera que los gobiernos no conseguirán ningún progreso notable en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio si no resuelven primero los problemas estructurales de derechos humanos, como negar a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a no sufrir discriminación o violencia basada en el género.