Sudán del Sur: Las continuas atrocidades convierten al granero del país en un campo de la muerte
· Cerca de un millón de personas desplazadas por la fuerza en la región de Ecuatoria agravan la crisis de refugiados que crece más rápidamente de todo el mundo
· Población civil tiroteada, muerta a machetazos y quemada en sus casas
· Mujeres y niñas secuestradas y violadas en grupo
El año pasado, un nuevo frente del conflicto de Sudán del Sur obligó a cientos de miles de personas a huir de la fértil región de Ecuatoria y dio lugar a continuas atrocidades, inanición y miedo, según un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional publicado hoy.
Los investigadores de la organización visitaron la región en junio y documentaron crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos –como crímenes de guerra–, cometidos contra la población civil principalmente por el gobierno, pero también por las fuerzas de la oposición, en esta región del sur.
Las atrocidades han provocado el desplazamiento masivo de cerca de un millón de personas, entre ellas personas refugiadas que han huido a la vecina Uganda.
“La escalada de los combates en la región de Ecuatoria ha tenido como consecuencia una mayor brutalidad contra la población civil. Hombres, mujeres y niños han sido tiroteados, muertos a machetazos y quemados vivos en sus casas. Mujeres y niñas han sido violadas en grupo y secuestradas”, dijo Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, que acaba de regresar de la región.
“Casas, escuelas, instalaciones médicas y recintos de organizaciones humanitarias han sido saqueados, destruidos y reducidos a cenizas. Y la comida se está utilizando como arma de guerra.
Estas atrocidades son continuas y cientos de miles de personas que hace apenas un año no estaban prácticamente afectadas por el conflicto, están ahora desplazadas por la fuerza”.
La región de Ecuatoria, en Sudán del Sur, se había librado en gran medida de la violencia política y entre comunidades que asola el país desde que, en 2013, estallaron los combates entre miembros del Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) leales al presidente Salva Kiir y aquellos leales al entonces vicepresidente Riek Machar.
Esta situación cambió a mediados de 2016 cuando, por diferentes motivos, las fuerzas gubernamentales y de la oposición acudieron a Yei, una ciudad estratégica de aproximadamente 300.000 habitantes, situada 150 km al suroeste de Yuba, en una ruta comercial principal a Uganda y la República Democrática del Congo (RDC).
Las fuerzas gubernamentales, apoyadas por milicias aliadas, como la notoriamente incontrolable Mathian Anyoor –compuesta por jóvenes combatientes, sobre todo de la etnia dinka– han cometido una letanía de violaciones con toda impunidad. Grupos armados de la oposición también han cometido graves abusos, aunque a menor escala.
Matanzas y asesinatos deliberados
Numerosos testigos oculares de pueblos cercanos a Yei contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas mataron desenfrenadamente a la población civil. Las personas que consiguieron escapar de la matanza describieron un cuadro similar.
En uno de estos ataques, en la noche del 16 de mayo de 2017, soldados del gobierno detuvieron de forma arbitraria a 11 hombres en la aldea de Kudupi, condado de Kajo Keji, cerca de la frontera con Uganda. Metieron a ocho de ellos en una choza, cerraron la puerta, la incendiaron y dispararon varias veces a la estructura en llamas. Seis murieron en el incidente –dos de ellos quemados y los otros cuatros al recibir disparos cuando trataban de huir–, contaron cuatro de los supervivientes a Amnistía Internacional.
Joyce, madre de seis hijos de la aldea de Payawa, al sur de Yei, describió la forma en que su marido y otros cinco hombres de la localidad fueron asesinados en un ataque similar el 18 de mayo de 2017. También contó a Amnistía Internacional el modo en que los soldados habían hostigado repetidamente a los lugareños antes de la matanza:
“Era la quinta vez que el ejército atacaba a la aldea. En los primeros cuatro ataques saquearon, pero no mataron a nadie. Solían venir, detener a personas, torturarlas y robar cosas. Se llevaban a personas a lugares escondidos para torturarlas. También arrestaban a chicas jóvenes, las violaban y después las liberaban. Violaron a Susie, sobrina de mi marido, de 18 años, [en la aldea] el 18 de diciembre de 2016”.
En otro incidente, el 21 de mayo de 2017, desaparecieron nueve lugareños después de que los soldados se los llevaran de una barraca cerca de Gimunu, a 13 km de la ciudad de Yei. Una investigación policial localizó los cuerpos de las nueve personas a mediados de junio. Al parecer, habían matado a las víctimas a machetazos. Nadie ha rendido cuentas, lo cual parece que no es raro cuando la policía intenta investigar casos de soldados que matan a población civil.
Parece que los ataques a las aldeas por parte de las fuerzas gubernamentales se producen a menudo como venganza por las actividades de las fuerzas de la oposición en la región.
Combatientes de la oposición armada también han matado de forma deliberada a población civil que consideran partidaria del gobierno, a menudo simplemente por ser personas de etnia dinka o refugiadas de la región de las montañas de Nuba, en Sudán, acusadas de simpatizar con el gobierno.
Violación y otras formas de violencia sexual y de género
Amnistía Internacional también documentó que, desde que los combates se intensificaron el año pasado, se han disparado los secuestros y violaciones de mujeres y niñas en toda la región de Ecuatoria.
“Para las mujeres y las niñas la única manera de estar seguras es estar muertas; mientras estemos vivas no hay ninguna manera de estar a salvo, así de mal están las cosas”, contó a la organización Mary, madre de cinco hijos, de 23 años.
En abril de 2017, en medio de la noche, tres soldados irrumpieron en su casa y dos de ellos la violaron. Más tarde, huyó con los niños a otra casa abandonada, pero otra noche, unos atacantes no identificados le prendieron fuego mientras la familia dormía, obligándolos a huir de nuevo.
Las mujeres corren un riesgo particular de agresión sexual cuando se aventuran fuera de la ciudad para buscar comida en las zonas rurales aledañas: una necesidad debido a la menguante disponibilidad de alimentos y al aumento de los saqueos.
Sofía, de 29 años, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de la oposición la habían secuestrado dos veces. La primera vez, la mantuvieron cautiva con otras mujeres durante un mes aproximadamente; la segunda vez, una semana y la violaron en repetidas ocasiones. No se inmutaron por sus súplicas de que era madre de tres hijos y que a su marido lo habían matado las fuerzas gubernamentales.
Más tarde huyó a Yei, donde afronta una grave escasez alimentaria.
La comida como arma de guerra
El acceso de la población civil a la comida está muy limitado. Las fuerzas gubernamentales y de la oposición han cortado el suministro de alimentos a algunas zonas, robado comida de los mercados y las casas de forma sistemática y atacado a la población civil que transporte la más mínima cantidad de comida a través de las líneas del frente. Ambos bandos acusan a la población civil de alimentar o ser alimentada por el enemigo.
En la ciudad de Yei, cuyos habitantes huyeron en su mayoría el año pasado, la población civil que permanece está prácticamente bajo asedio. Se enfrenta a una grave escasez alimentaria porque ya no pueden obtener alimentos en las zonas rurales aledañas.
“Una tragedia cruel de esta guerra es que el granero de Sudán del Sur –una región que hace un año podía alimentar a millones de personas– se ha convertido en traicioneros campos de la muerte que han obligado a cerca de un millón de personas a huir en busca de seguridad", dijo Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
“Todas las partes en el conflicto deben controlar a sus combatientes y cesar de inmediato los ataques a la población civil, que está protegida por las leyes de la guerra. Los responsables de las atrocidades de todos los bandos deben responder ante la justicia. Mientras tanto, el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas debe cumplir su mandato de proteger a la población civil de esta agresión permanente”.