Amnistía Internacional estará presente hoy en una audiencia en la que se revisará si el “indulto humanitario” otorgado al ex presidente Alberto Fujimori el año pasado viola las obligaciones del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
“Esperamos que los tribunales nacionales aprovechen, sin demora, el camino abierto por la Corte Interamericana de revisar si el beneficio otorgado al ex presidente Fujimori contradice obligaciones de derechos humanos y si ha afectado los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La revisión, ante el Juzgado de Instrucción Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, se producirá a solicitud de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos y conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de ambos casos del pasado día 15 de junio. Amnistía Internacional estará presente observando la audiencia y acompañando a los familiares de las víctimas.
El 15 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la justicia peruana debía revisar si el indulto otorgado al ex presidente Fujimori constituía una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. La resolución señaló además que el Estado peruano “no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias”.
En el marco de dicho proceso de supervisión, el 31 de enero, Amnistía Internacional presentó un memorial en derecho como amicus curiae ante la Corte Interamericana, en el que cuestionó la compatibilidad del indulto concedido a Alberto Fujimori con el derecho internacional aplicable al caso.
Amnistía Internacional seguirá de cerca esta importante decisión de revisión del indulto.
En 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Barrios Altos Vs. Perú por la responsabilidad internacional del estado por la ejecución de 15 personas y lesiones a otras cuatro por parte de agentes del grupo paramilitar Colina, así como también por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.
En 2006 la Corte dictó sentencia en el caso La Cantuta Vs. Perú por la responsabilidad del estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de nueve personas y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta por parte de agentes del grupo paramilitar Colina, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.
Ambos casos continúan en etapa de “supervisión de cumplimiento de sentencia” por la Corte.
En 2009, la Sala Penal Especial de Corte Suprema de Justicia del Perú halló culpable el ex presidente Alberto Fujimori – de manera unánime - por los delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves perpetrados por sus subordinados contra decenas de personas, constituyendo los mismos crímenes de lesa humanidad, según determinó la Corte, mientras él ocupaba la jefatura del Estado. Se le impuso una sanción de 25 años de cárcel por tales crímenes. El pleno de la Corte Suprema confirmó aquel fallo pocos meses más tarde.
El 24 de diciembre de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mediante Resolución Suprema No. 281-2017-JUS concedió “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias” al ex presidente Alberto Fujimori “respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes”.
En junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en la cual otorgó plazo hasta el 28 de octubre para que las partes presenten información sobre los avances por parte de la jurisdicción nacional del control del “indulto por razones humanitarias” concedido a Fujimori, en relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: +52 (1) 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org