La legislación represiva y discriminatoria promulgada en los últimos 18 meses en Uganda ha desembocado en el aumento de la represión, la violencia y la discriminación homófoba y de género por parte del Estado, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.El informe, titulado "Rule by Law" - Discriminatory Legislation and Legitimized Abuses in Uganda, que se presenta hoy en Kampala, la capital de Uganda, detalla cómo tres leyes concretas violan derechos humanos fundamentales, alimentan los abusos discriminatorios e impiden que las personas afectadas reclamen justicia."La represión en Uganda está cada vez más sancionada por el Estado mediante el uso de leyes abiertamente discriminatorias que menoscaban derechos garantizados en la Constitución del país", declaró Sarah Jackson, directora adjunta del Programa para África Oriental de Amnistía Internacional."El gobierno debe actuar ya para revisar estas leyes tóxicas que amenazan la esencia de los derechos humanos en Uganda."En su informe, Amnistía Internacional documenta el impacto acumulativo en los derechos humanos de la Ley de Gestión del Orden Público, la Ley contra la Pornografía y la ya derogada Ley contra la Homosexualidad, aprobadas por el Parlamento de Uganda y promulgadas entre agosto de 2013 y febrero de 2014.Libertad de reunión y de asociaciónEn el informe se detalla cómo se está atacando el derecho a la libertad de reunión mediante la Ley de Gestión del Orden Público, que impone amplias restricciones a las reuniones públicas.La ley ha contribuido a que la policía disuelva reuniones en las que participaban grupos políticos de la oposición y reprima a activistas.Aunque el uso por la policía de la Ley de Gestión del Orden Público ha disminuido desde principios de 2014, los efectos de ésta son generales y negativos."La Ley de Gestión del Orden Público ha tenido un efecto devastador en la capacidad de organización de la sociedad civil, obstaculizando incluso los intentos de cuestionar las propias leyes", añadió Sarah Jackson."Básicamente invierte la premisa básica sobre la que se asienta el derecho a la libertad de reunión. En lugar de facilitar las manifestaciones pacíficas, les impone amplias restricciones ."Legitimar los abusosMientras estuvo en vigor la Ley contra la Homosexualidad, las personas identificadas o percibidas como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) fueron detenidas arbitrariamente, incluso cuando acudían a denunciar delitos cometidos contra ellas. Algunas fueron golpeadas y manoseada por la policía y otros detenidos mientras estaban bajo custodia.En los días que siguieron a la promulgación de la Ley contra la Pornografía, la policía acosó a mujeres, y una abogada fue amenazada con ser detenida debido a la ropa que vestía.La Ley contra la Homosexualidad también propició los desahucios y los despidos de personas LGBTI.Varias personas LGBTI y mujeres sufrieron ataques de la población en la calle mientras estuvo en vigor la Ley contra la Homosexualidad e inmediatamente después de la promulgación de la Ley contra la Pornografía."La redacción poco precisa de estas leyes ha hecho que la ciudadanía las interpretara de un modo peligroso. Muchas personas se han tomado la justicia por su mano mediante la venganza popular y cometiendo abusos contra mujeres y personas LGBTI", prosiguió Sarah Jackson."El hecho de que el gobierno no aclarase adecuadamente las leyes lo convierte en cómplice de los abusos que se están cometiendo."Después de que la multitud atacara y desnudara en la calle a varias mujeres que "vestían impúdicamente", la policía declaró públicamente que la Ley contra la Pornografía no daba a la ciudadanía "autoridad para desvestir mujeres". Sin embargo, las autoridades no emitieron ninguna declaración en respuesta a los ataques homófobos.Aunque el gobierno se comprometió a revisar la Ley contra la Pornografía, ocho meses después no se ha realizado aún la revisión.Impacto en la atención de saludLa Ley contra la Homosexualidad se invocó también para limitar la asistencia a las personas refugiadas. Las autoridades suspendieron la mayoría de los servicios de Proyecto Ley para Refugiados (RLP), organización que apoya a solicitantes de asilo y refugiados, a partir de marzo de 2014, tras falsas acusaciones de que "promovía la homosexualidad".La Ley contra la Homosexualidad también puso en peligro el acceso a la atención de salud. El asalto de la policía contra el Water Reed Project, proyecto de investigación sobre el VIH, en abril de 2014, hizo que algunas personas LGBTI tuvieran demasiado miedo para acceder a la atención sanitaria.En junio de 2014, el Ministerio de Salud emitió una directiva en la que confirmó la no discriminación en el acceso a la atención sanitaria. Pese a estos compromisos positivos, en general, la Ley contra la Homosexualidad ha afectado negativamente la capacidad de las organizaciones para ofrecer atención sanitaria.Nadie a quien recurrirLas víctimas de abusos de la ciudadanía están demasiado asustadas para denunciarlos a la policía, lo que las deja sin posibilidad de pedir una reparación."El hecho de que la policía no investigue los abusos es causa de que el Estado tolere y propague la impunidad", dijo Sarah Jackson."A pesar de que se ha derogado la Ley contra la Homosexualidad, aún se notan sus efectos y no se han abordado las cuestiones fundamentales. Se ha estigmatizado y silenciado a personas que normalmente hablarían en defensa de otras.El Tribunal Constitucional de Uganda anuló la Ley contra la Homosexualidad en agosto de 2014 porque el Parlamento la había aprobado sin quórum. Los recursos sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Pornografía y la Ley de Gestión del Orden Público están aún tramitándose.Amnistía Internacional ha pedido al gobierno ugandés que derogue las leyes discriminatorias y garantice que el gobierno no es cómplice de abusos contra los derechos humanos. Las autoridades deben proteger a todos los ugandeses, incluidas las mujeres, las personas LGBTI y los activistas políticos, de la discriminación, el hostigamiento y la violencia.