En el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra, el Director Nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años.
Vanessa Gómez Cueva es una mujer migrante que había sido expulsada de la Argentina hacia Perú junto a su bebé y separada de sus otros dos hijos.
A 7 meses de su expulsión y tras una larga lucha sostenida por organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y con apoyo internacional, finalmente Vanessa y su hijo de 2 años argentino pueden regresar y reunirse nuevamente toda la familia.
La decisión de Estado es sumamente significativa ya que permite restituir los derechos vulnerados de los niños/as, considerando el interés superior de los mismos y garantizar el derecho a la unidad familiar.
El 1 de febrero personal de la Policía Federal detuvo y mediante engaños llevaron a Vanessa y a su bebé hasta el aeropuerto de Ezeiza. Con la amenaza de enviar a su hijo menor solo a Perú, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima y la expulsaron junto a su bebé, separándola de sus otros dos hijos.
La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones se basó en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes que Vanessa cumplió en 2014. Tras cumplir la pena, ella buscó mejorar su vida: estudió, se graduó y trabajó como Técnica Superior en Enfermería.
Sin tener en cuenta que la sentencia fue cumplida y que estaban dividiendo a una familia, Gómez Cueva fue expulsada del país.
En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. La adopción del DNU 70/2017 modificó aspectos esenciales de la Ley de Migraciones que derivaron en el retroceso de los derechos de las personas migrantes. Entre sus graves consecuencias están la separación de niñas y niños de sus familias y las expulsiones que violan el debido proceso y el derecho a la defensa. En definitiva, se expulsa a personas migrantes que están hace muchos años en Argentina, que cumplieron sus penas y que han formado su familia en el país.
Vanessa no es la única que vive esta situación extrema. Hay muchos otros casos de familias separadas o con una disposición pendiente de ejecución que podría generar su separación, violando así los compromisos internacionales asumidos por la Argentina de proteger la unidad familiar y el interés superior del niño.