Ante las recientes informaciones sobre un posible nuevo caso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecución de 12 jóvenes presuntamente cometidas en el contexto de las denominadas Operaciones para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), Amnistía Internacional exhorta a las autoridades venezolanas a cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación, incluyendo las garantías de no repetición, a los familiares de las víctimas de crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos.El 15 de Octubre de 2016, Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fueron detenidos arbitrariamente en la región de Barlovento, estado Miranda, a 30 km al este de Caracas, capital de Venezuela. Más de un mes después, el 28 de noviembre de 2016, sus cuerpos fueron hallados en dos fosas comunes. Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, queda aún por conocerse el paradero de otras posibles víctimas asociadas al mismo incidente.
Las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos estos son crímenes de derecho internacional y violaciones graves a los derechos humanos. Los acontecimientos suscitados en Barlovento son solo una muestra más del cúmulo de crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de estas operaciones desde que empezaron a aplicarse hace más de un año.Amnistía Internacional ha conocido de graves violaciones de derechos humanos tras la puesta en marcha en julio de 2015 de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.La impunidad de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la Fiscal General, solo el tres por ciento de las denuncias que versan sobre tales crímenes y violaciones resultaron en que a los sospechosos se les imputaron cargos criminales.Amnistía Internacional saluda la disposición de las autoridades de condenar y actuar tras localizar los cuerpos de los 12 jóvenes desaparecidos, manifestada a través de comunicados y declaraciones públicas del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa, y espera que tales declaraciones se traduzcan en acciones concretas tanto para la sanción de los responsables con estricto apego al debido proceso, como respecto del resarcimiento y protección de los familiares y testigos de los hechos.Sin embargo, el castigo a esos crímenes y violaciones no exime al estado venezolano de su responsabilidad al promover planes inadecuados que con el pretendido objetivo de disminuir los alarmantes índices de violencia que se viven en el país, derivan en aún más violaciones a los derechos humanos.Amnistía Internacional considera que la aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y que deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los derechos humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil, así como con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en marzo de este año.
Las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos estos son crímenes de derecho internacional y violaciones graves a los derechos humanos. Los acontecimientos suscitados en Barlovento son solo una muestra más del cúmulo de crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de estas operaciones desde que empezaron a aplicarse hace más de un año.Amnistía Internacional ha conocido de graves violaciones de derechos humanos tras la puesta en marcha en julio de 2015 de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.La impunidad de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la Fiscal General, solo el tres por ciento de las denuncias que versan sobre tales crímenes y violaciones resultaron en que a los sospechosos se les imputaron cargos criminales.Amnistía Internacional saluda la disposición de las autoridades de condenar y actuar tras localizar los cuerpos de los 12 jóvenes desaparecidos, manifestada a través de comunicados y declaraciones públicas del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa, y espera que tales declaraciones se traduzcan en acciones concretas tanto para la sanción de los responsables con estricto apego al debido proceso, como respecto del resarcimiento y protección de los familiares y testigos de los hechos.Sin embargo, el castigo a esos crímenes y violaciones no exime al estado venezolano de su responsabilidad al promover planes inadecuados que con el pretendido objetivo de disminuir los alarmantes índices de violencia que se viven en el país, derivan en aún más violaciones a los derechos humanos.Amnistía Internacional considera que la aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y que deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los derechos humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil, así como con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en marzo de este año.