El operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo la detención del exfuncionario del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) Óscar Pérez y otras personas que se habían levantado contra el gobierno, parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a los derechos humanos incluso de crímenes bajo derecho internacional, dijo Amnistía Internacional.

De acuerdo a información oficial, el 15 de enero de 2018, en la comunidad de El Junquito, del estado Miranda, en Venezuela, una operación de seguridad resultó en la muerte de al menos nueve personas y otras cinco resultaron heridas. Este es sólo el último ejemplo del uso letal de la fuerza en operación del control de orden público, resultando hasta ahora en miles de víctimas en todo el país.   

En el operativo, los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia. Además, el uso de este arma puso en peligro la vida de las personas en los alrededores.  

“Es impostergable que el gobierno venezolano se asegure de que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación, y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Otras denuncias graves que fueron publicadas en los medios, incluyen la participación de personas ajenas a los cuerpos de seguridad en el operativo y la negación de información a los familiares de las personas que murieron. Amnistía Internacional también ha recibido serias denuncias de que las personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las diligencias de investigación pertinentes. 

“A pesar que aún no se hayan estableciendo los hechos, las autoridades están adelantando justificaciones sobre lo ocurrido durante el operativo de seguridad. Trágicamente, esta no es la primera vez en la que las autoridades venezolanas justifican el uso letal de la fuerza, simplemente sobre la base de alegatos de "actividades criminales", dejando de lado el estado de derecho,” dijo Erika Guevara-Rosas. 

Conforme al derecho internacional, no es permisible en las operaciones de mantenimiento del orden público recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza de una manera que probablemente matará a otras personas que no representan una amenaza seria e inminente. Por lo tanto, las autoridades deben tomar todas las precauciones posibles para evitar esas muertes y si eso no es posible, evitar recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza.

El estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales incluyendo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.