La negativa de las autoridades venezolanas de ofrecer cuidados médicos a un líder de político encarcelado y severamente enfermo demuestra los crueles excesos a los que están dispuestas a recurrir para sofocar a la oposición, dijo Amnistía Internacional.Rosmit Mantilla, miembro del parlamento, activista de derechos humanos y prisionero de consciencia tenía que someterse a una cirugía para cálculos múltiples de la vejiga, ataques recurrentes de la vesícula biliar y engrosamiento de la pared gástrica el 31 de Octubre. Sin embargo, y a pesar de la autorización a ser tratado médicamente emitida por un juez, fue llevado a una celda de castigo en una prisión de Caracas. Su salud se ha estado deteriorando exponencialmente desde entonces.
"Las autoridades Venezolanas parecen estar jugando un juego increíblemente peligroso para prevenir que cualquiera hable sobre la terrible situación de los derechos humanos en el país. Parecen estar dispuestos a empujar a personas como Rosmit al borde de la muerte como castigo por expresar sus ideas," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional."Para empezar, Rosmit no debería estar en prisión. Impedirle el tratamiento médico que requiere con urgencia solo agrega más daño a la injusticia que ya estaba enfrentando. El hecho de que todo esto esté pasando mientras que los ojos del mundo están sobre Venezuela resulta un sinsentido. Si las autoridades no actúan, tendrán sangre en sus manos."El no proveer cuidados de salud a las personas presas puede violar la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte.Rosmit Mantilla es un activista por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) y es miembro del partido de oposición Voluntad Popular. Fue arrestado en Mayo de 2014. Desde entonces, ha estado detenido en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, esperando su juicio.Está siendo acusado de recibir dinero para financiar protestas anti-gubernamentales que tuvieron lugar entre Febrero y Julio de 2014. La única evidencia en su contra parece ser un testimonio anónimo. Amnistía Internacional cree que los cargos en su contra están basados en el ejercicio pacífico que hizo de sus derechos a la libertad de expresión y asociación.