- Organización hace un llamado al presidente peruano a implementar de manera urgente políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas LGBTI, víctimas del conflicto armado interno y personas defensoras de derechos humanos.
- Presidente debe cumplir con compromisos y obligaciones del Estado peruano ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Amnistía Internacional presento hoy una Carta Abierta al presidente Martín Vizcarra con siete puntos claves que debe cumplir para la defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú. Este documento es un llamado público al nuevo mandatario a exponer cuáles serán los lineamientos y acciones que seguirá su gestión para respetar los derechos de los pueblos indígenas, acabar con la discriminación y violencia hacia personas LGBTI, prevenir la violencia contra mujeres y niñas, garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, promover los derechos sexuales y reproductivos, y cumplir con el derecho a la verdad, justicia y reparación para víctimas del conflicto armado interno.
“El presidente Vizcarra debe dejar en claro públicamente que su gestión priorizara la defensa y promoción de los derechos humanos. Es urgente la implementación de políticas públicas para asegurar la igualdad de derechos para personas LGBTI, la investigación transparente e imparcial de la legalidad del indulto a Alberto Fujimori, la implementación del enfoque de género en las políticas educativas y la atención a comunidades indígenas afectadas por metales tóxicos, como en Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco). La pelota está en la cancha del mandatario y esperamos medidas concretas” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
En marzo de este año el Estado peruano se comprometió ante las Naciones Unidas a respetar los derechos de los pueblos indígenas y proporcionar servicios adecuados de atención de la salud y reparaciones a las comunidades indígenas afectadas por las industrias extractivas. Además aceptó las recomendaciones para garantizar a las sobrevivientes de violencia sexual el acceso a aborto legal y seguro e investigar de forma efectiva los casos de esterilizaciones forzadas y brindar compensaciones a las víctimas.
Entre los puntos más resaltantes de la carta destacan:
- Garantizar la implementación del enfoque de género en todas las políticas públicas y el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual a servicios integrales de salud mental y salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro y legal, y anticonceptivos de emergencia, sin obstáculos y sin demora.
- Brindar atención médica especializada, acceso a servicios adecuados de atención a la salud y proveer sistemas de abastecimiento de agua limpia y segura a las poblaciones que se encuentran en crisis de salud a causa de la exposición a metales tóxicos, como en Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco).
- Reconocer públicamente el trabajo legítimo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y adopte de manera urgente una política pública para su protección en consulta con ellas.
- Asegurar la revocación de la gracia presidencial, y el inicio de una investigación pública, independiente e imparcial sobre la legalidad del indulto otorgado y garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
- Respetar el derecho a la libre asociación y a la libertad de reunión, garantizando que nadie sea procesado ni privado de libertad por participar en protestas pacíficas.
- Establecer una política pública que reconozca la igualdad de derechos de las personas LGBTI, su derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, la protección frente a los delitos perpetrados a causa de su orientación sexual o identidad de género, y el reconocimiento jurídico de la identidad de género de las personas trans.