“La protesta es una fuerza poderosa para el cambio. Lamentablemente, este derecho está bajo ataque y debe ser protegido de las personas en el poder”

“Protejamos la protesta” es una campaña que realiza Amnistía Internacional Perú para demandar al Estado que verdad, justicia y reparación para los deudos, víctimas y heridos del 14N. Asimismo, tiene como meta visibilizar la importancia de la protesta pacífica, y la necesidad de brindar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan hacer oír su voz sin peligro y sin repercusiones. Es importante tener presente que todas las personas tienen derecho a protestar, a reunirse y a expresar sus opiniones de forma pacífica, tal como establece el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Actualmente existen muchos casos en el mundo donde se está criminalizando la protesta y a los protestantes por ejercer su legítimo derecho y Perú no es la excepción. 

En Perú, la protesta pacífica ha sido amenazada en diversas ocasiones. El uso desproporcionado de la fuerza contra diferentes manifestaciones pacíficas, así como la impunidad que se ha generado por no alcanzar verdad, justicia y reparación en casos de violaciones de derechos humanos en manifestaciones masivas, y la vigencia de normas que obstaculizan la protesta y que transgreden el derecho internacional de los derechos humanos, han generado un clima adverso contra personas que pacíficamente salen a expresar sus opiniones o disconformidades. Tristemente es normalizado en nuestro país y hasta celebrado. Existen muchos casos de protestas pacíficas donde el Estado peruano actuó con una fuerza desproporcionada, uno de ellos es el caso 14N.

A partir de la destitución del expresidente Martín Vizcarra, el 9 de noviembre de 2020, a manos del Congreso de la República por vacancia moral, se produjeron en todo el país sucesivas y espontáneas manifestaciones de protesta contra la medida, concentrándose principalmente en la ciudad de Lima. Durante las manifestaciones producidas en el contexto de esta crisis política, Amnistía Internacional pudo verificar que agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon y sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos.  

El 14 de noviembre se produjeron movilizaciones masivas de personas que ejercieron su derecho a la protesta pacífica en diferentes ciudades del país. En su afán por dispersar a las multitudes que se congregaron, se produjeron violentos episodios de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). El resultado fue 78 personas son lesionadas, algunas de ellas de gravedad, y dos fallecidos: Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó, en su informe de misión del 17 al 22 de noviembre, que la PNP no adecuó su actuar a los estándares internacionales, (e incluso normas nacionales) según los cuales todo uso de la fuerza tiene que ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación.  

ACNUDH documentó los dos casos de personas manifestantes fallecidas el 14 de noviembre: según el certificado de necropsia, Jack Bryan Pintado Sánchez (22) falleció como consecuencia de “diez heridas penetrantes por proyectiles de arma de fuego (perdigones)” en su cabeza, cuello, tórax y brazo. Fue llevado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, donde arribó a las 20:18 horas sin funciones vitales. Según el certificado de defunción general, Inti Sotelo Camargo (24) falleció por una “herida penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego”. Fue llevado al Hospital Nacional Miguel Grau, donde arribó a las 22:02 horas sin signos vitales.

Demandamos que se formalice la acusación fiscal contra todas las personas que podrían responsables por la muerte de Inti y Bryan, y las decenas de heridos, sin que haya más aplazamientos. Amnistía Internacional Perú se une a las familias de Inti y Bryan para exigir verdad y justicia para ambos casos. 

El Poder Ejecutivo debe establecer garantías de no repetición, como la derogación de la Ley de Protección Policial, contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales, de tal manera que se garanticen los derechos humanos en protestas pacíficas.  

“Nadie debe morir por protestas. La protesta tiene el poder de proteger los derechos humanos y reducir las desigualdades. Debemos asegurar que todas, todos y todes podamos participar en las protestas por igual y sin miedo a la violencia”