Lima, 5 de marzo de 2026. A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha en la que se conmemoran décadas de lucha por igualdad de derechos, desde Amnistía Internacional Perú denunciamos graves retrocesos en los derechos de mujeres y niñas, agudizados por agendas conservadoras, prácticas autoritarias y ausencia de respuestas estructurales a la violencia machista.   
  
La crisis de derechos humanos que enfrenta Perú alcanza a mujeres y niñas. En este marco, denunciamos también la normalización de la violencia sexual contra menores. Forzar a una niña a continuar un embarazo producto de violación constituye una forma de tortura. Sin embargo, en 2025, según datos oficiales, 993 niñas de 14 años y menos se convirtieron en madres, la mayoría como consecuencia de una violación sexual. Entre los casos registrados en 2026, en la región Arequipa se le negó el derecho al aborto terapéutico a una niña de tan solo 10 años, revictimizándola, poniendo en mayor riesgo su salud y truncando su proyecto de vida.  

A las barreras que siguen enfrentando las niñas víctimas de violación sexual para acceder a su derecho al aborto terapéutico, se suma la violencia estatal. Este año, autoridades que tenían el deber de proteger y garantizar que vivan libres de violencias, las expusieron pública e indebidamente, generando un precedente nefasto de violencia institucional y revictimización, que no se puede repetir y debe ser investigado y sancionado.   

Al escenario de emergencia en el que se encuentran los derechos de niñas y mujeres, se suma la impunidad, así como normas e iniciativas que, a pesar del contexto de violencia machista marcado por feminicidios, violencia sexual y desaparición de mujeres, buscan debilitar la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

“Los derechos no se negocian. No aceptamos retrocesos. Exigimos políticas que, desde la prevención, la educación, y el sistema de justicia, acaben con la impunidad y nos garanticen vidas dignas, libres de violencias. No podemos aceptar que se tolere, e incluso legitime, la violencia sexual contra niñas”, sostuvo Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú.

Por ello, este 8 de marzo nos movilizaremos en diferentes regiones del país para exigir al Estado peruano que cumpla con sus obligaciones internaciones de derechos humanos y derogue cualquier norma que debilite la protección de mujeres y niñas. Asimismo, para demandar una educación basada en igualdad, políticas de prevención, y una actuación diligente de los operadores de justicia frente a la violencia machista.  

Las vidas y los derechos de las mujeres y las niñas no pueden seguir siendo objeto de negociación política ni de agendas regresivas.